El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado de forma tajante ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cualquier intervención destinada a beneficiar a la compañía aérea Plus Ultra en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros otorgado en el año 2021.
Durante una declaración que se prolongó por casi tres horas, el antiguo líder del Ejecutivo central desvinculó su actividad de las sospechas de mediación ilegal.
No obstante, el exdirigente socialista optó por acogerse a su derecho a no testificar, por el momento, respecto al descubrimiento de cerca de 80 piezas de joyería localizadas en una caja fuerte dentro de su despacho profesional.
El equipo legal del expresidente intentó sin éxito aplazar la comparecencia sobre los bienes intervenidos en su oficina de la calle Ferraz, argumentando falta de tiempo para examinar la tasación de la firma Ansorena, que valora los objetos en 1,3 millones de euros.
El juez Calama desestimó la petición al recordar que el hallazgo policial se produjo el pasado 19 de mayo. Ante la falta de justificación sobre la procedencia de los artículos, el instructor mantiene la imputación a Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando.
El investigado afirmó que ofrecerá las aclaraciones pertinentes en un plazo de una semana o 10 días, según recoge EFE.
Con el objetivo de contrarrestar las sospechas sobre su patrimonio, el expresidente remitió un comunicado informando de la presentación de una autorización voluntaria y universal ante el tribunal.
Este documento busca acreditar que no posee cuentas bancarias, productos financieros, sociedades comerciales ni activos de ninguna índole fuera del territorio español, intentando certificar la transparencia de sus fondos económicos.
El interrogatorio abordó las conversaciones telefónicas obtenidas del dispositivo móvil del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, aportadas por una agencia de investigación estadounidense.
Los mensajes aludían a la necesidad de recurrir al "Grupo Zapatero" y mencionaban el término "pana" para referirse al expresidente en el marco de las solicitudes del préstamo público.
El investigado rehusó responder a estas cuestiones debido a que su defensa ha impugnado formalmente la validez de dichas grabaciones, cuestionando la autenticidad técnica de los archivos como prueba válida en el proceso judicial.
Este procedimiento penal se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política en España, donde las acusaciones populares exigen medidas de control estrictas sobre ex altos cargos involucrados en causas judiciales pendientes de resolución para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
Tras finalizar la sesión, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la adopción de medidas restrictivas, requiriendo la retirada inmediata de todos sus pasaportes —incluido el documento diplomático—, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
A estas peticiones de control se sumó el Partido Popular, que lidera el bloque de personaciones particulares, mientras que organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum fueron más allá al demandar el ingreso en prisión provisional aduciendo un posible riesgo de fuga.
La llegada del expresidente al edificio de la Audiencia Nacional estuvo marcada por un riguroso dispositivo de seguridad que le permitió acceder por el ingreso peatonal de uso oficial.
En las inmediaciones de la sede judicial se concentraron unos 200 profesionales de los medios de comunicación y grupos de ciudadanos que manifestaron su descontento ante el exsecretario general socialista.
Con información de EFE
