La crisis migratoria desatada en Ceuta ha derivado en un serio choque diplomático en el seno de la Unión Europea. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado que su gabinete evalúa la adopción de medidas extraordinarias para la protección de sus fronteras terrestres y aeroportuarias, contemplando de forma explícita la suspensión del Espacio Schengen con España.
Tras mantener un encuentro de urgencia con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la mandataria italiana justificó la medida al calificar como "impactantes" las imágenes procedentes del enclave norteafricano y sostener que la inmigración irregular descontrolada representa una amenaza directa para la seguridad del territorio europeo.
La eventual suspensión del acuerdo de libre circulación —un recurso de carácter excepcional recogido en la normativa comunitaria para situaciones de riesgo sobre la seguridad interior— supondría el restablecimiento temporal de los controles en los pasos fronterizos entre ambos países.
A pesar del alcance de la advertencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia no ha precisado la fecha formal en la que trasladará la solicitud ante la Comisión Europea ni el calendario previsto para la aplicación de las restricciones.
A la postura de la cúpula de gobierno italiana se sumó el ministro de Asuntos Exteriores transalpino, Antonio Tajani, quien vinculó la crisis fronteriza en Ceuta con la política migratoria del Gobierno de España.
El canciller italiano afirmó que el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo central en favor de más de 500.000 personas fomenta el efecto llamada y las redes de trata de seres humanos, al tiempo que equiparó erróneamente dicho procedimiento administrativo con la concesión directa de la ciudadanía española y comunitaria.
La reacción desde Madrid se ha producido de forma inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció la convocatoria urgente del embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, para trasladar el rechazo formal del gabinete español.
Albares tildó de inapropiadas las palabras de la representación diplomática italiana, lamentando que un país socio y aliado recurra a la demagogia partidista en lugar de ofrecer solidaridad ante la presión sufrida en la frontera sur de la UE.
En su réplica, el titular de la diplomacia española aclaró que la coyuntura vivida en la ciudad autónoma responde a factores coyunturales y al marco jurisprudencial derivado de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la cual limita las devoluciones automáticas en el litoral cuando se producen entradas por vía marítima.
Desde el departamento de Exteriores enfatizan que las declaraciones vertidas desde Roma desvirtúan la naturaleza del proceso de regularización, el cual no concede derechos de nacionalidad sino la ordenación del mercado laboral interno.
El conflicto político sitúa el foco sobre los mecanismos de gestión migratoria compartida y la cohesión comunitaria en el ámbito de Protección Civil y seguridad exterior.
Mientras Italia insiste en que mantendrá una línea inflexible en la custodia de sus accesos y en la repatriación de migrantes, España apela a la responsabilidad compartida de los Estados miembros ante el escenario que afrontan los enclaves fronterizos de la Unión Europea.
Con información de EFE
