El juez Peinado aplaza la audiencia previa de Begoña Gómez

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha modificado el calendario de las comparecencias previstas en el marco de las diligencias previas que afectan al entorno del Palacio de la Moncloa. El magistrado titular, Juan Carlos Peinado, ha dictado un auto mediante el cual acepta trasladar al próximo 15 de junio, a las 18:00 horas, la celebración de la audiencia preliminar al posible juicio con jurado en contra de Begoña Gómez. 

Esta cita judicial estaba programada inicialmente para el 9 de junio, pero el instructor ha accedido al aplazamiento tras la solicitud formal interpuesta por la representación legal de la principal investigada.

La modificación del señalamiento responde de manera exclusiva a motivos de agenda profesional acreditados por el abogado defensor y exfiscal Antonio Camacho. El letrado remitió una documentación detallada que justificaba la imposibilidad de acudir a la sede judicial en la fecha original debido a compromisos procesales previos e improrrogables.

Ante esta situación, el órgano judicial ha reestructurado la jornada para garantizar el derecho a la asistencia letrada efectiva, manteniendo el resto de las condiciones técnicas y los requerimientos de presencia física de los implicados.

Requerimiento obligatorio y posibles penas de prisión

En la resolución judicial, el juez Peinado subraya la obligatoriedad de que los tres investigados en la causa asistan de manera presencial a las dependencias judiciales junto a sus respectivos abogados. La orden afecta de forma directa a Begoña Gómez, a su asesora personal Cristina Álvarez y al empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

El magistrado ha incluido una advertencia expresa en el texto, donde señala que el incumplimiento injustificado de esta citación penal derivará de forma automática en el uso de las fuerzas de seguridad del Estado para su conducción obligatoria al juzgado.

El juez cita a Begoña Gómez a la audiencia previa de su juicio

La comparecencia preliminar tiene como finalidad jurídica determinar si existen indicios suficientes para la apertura de un juicio oral ante un tribunal de jurado popular.

Las acusaciones populares personadas en el caso solicitan penas de hasta 24 años de privación de libertad para Begoña Gómez, mientras que las peticiones fiscales se sitúan en 22 años para Álvarez y seis años para Barrabés.

La investigación penal se centra en aclarar presuntas irregularidades vinculadas a la dirección de una cátedra universitaria, el desarrollo de un soporte informático y el uso de recursos institucionales.

El contexto de las posturas procesales

La tramitación de esta causa ha generado discrepancias profundas entre el instructor, las defensas y el Ministerio Fiscal respecto al ritmo de las diligencias y la consistencia de los indicios delictivos analizados.

Por un lado, la defensa de los investigados formalizó recursos contra la celeridad del proceso, argumentando que los plazos fijados limitan el ejercicio de las garantías fundamentales de la legislación penal española.

En el extremo opuesto, la Fiscalía mantiene una postura invariable al no apreciar conductas punibles en las actuaciones analizadas, por lo que ha interesado de manera reiterada el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de las actuaciones.

El desarrollo del proceso queda ahora supeditado a las resoluciones que dicte la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos de apelación pendientes de resolución.

Con información de EFE