El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado una resolución judicial en la que convoca el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La citación tiene como objetivo desarrollar la audiencia previa orientada a la posible apertura de un juicio oral con jurado popular, un trámite contemplado en la legislación para evaluar la consistencia de los cargos imputados antes de elevar la causa de manera definitiva a la vista pública.
La orden emitida por la autoridad judicial vincula también de forma directa a los otros dos investigados en el expediente sectorial: la asesora Cristina Álvarez y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.
En el texto del auto judicial, difundido por la agencia EFE, el instructor determina la obligatoriedad de que los tres procesados se personen de manera física en la sede del tribunal, rechazando de plano cualquier fórmula de representación delegada o comparecencia telemática no justificada para esta sesión.
El juez Peinado fundamenta la exigencia de la asistencia personal en la gravedad institucional y técnica de las penas asociadas a los delitos tipificados en la causa.
El procedimiento evalúa presuntas conductas encuadradas en los tipos penales de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Según detalla el escrito del tribunal, la suma de las condenas en abstracto que prevé el Código Penal para estas infracciones podría generar incentivos o conductas orientadas a "evadir" la acción directa de la justicia por parte de los imputados.
Ante este escenario de riesgo procesal, el magistrado ha incluido un apercibimiento expreso en la notificación donde advierte de que, en caso de incomparecencia voluntaria, se ordenará su traslado inmediato a las dependencias judiciales mediante el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El auto recuerda que la audiencia preliminar constituye el escenario legal idóneo donde las partes personadas pueden debatir o solicitar la adopción de medidas cautelares de carácter personal destinadas a asegurar la sujeción de los encausados al proceso judicial en curso.
Las investigaciones de este caso se desarrollan conforme a las normas de reparto y las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, que otorga a los juzgados de instrucción ordinarios la potestad de recabar evidencias indiciarias antes de formalizar la acusación.
La convocatoria judicial se produce en un momento de provisionalidad procesal, dado que la Audiencia Provincial de Madrid todavía debe resolver los recursos de apelación presentados por las defensas jurídicas, las cuales solicitan el archivo definitivo de las actuaciones.
Hasta el momento, el juez instructor ha rechazado suspender los trámites argumentando que las acusaciones populares ya formalizaron sus escritos de cargos, mientras que el Ministerio Fiscal apoya el sobreseimiento.
En el plano de las pruebas, el juzgado incorporó recientemente un informe técnico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, si bien constata la regularidad administrativa en la creación de la cátedra de la Universidad Complutense, señala posibles irregularidades premeditadas en la adjudicación de los contratos para el desarrollo del soporte informático vinculado a la misma.
Con información de EFE
