La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha incorporado nuevos elementos probatorios en los que, según los últimos informes, se han detectado comunicaciones que sitúan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una posición de liderazgo dentro de la red delictiva que coordinó el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. Las evidencias se desprenden del análisis de los dispositivos móviles intervenidos durante la operación policial.
El documento técnico detalla una conversación clave fechada el 6 de julio de 2021 entre el exjefe del Ejecutivo y Julio Martínez Martínez, señalado como su presunto testaferro. En dicha comunicación, transmitida desde un terminal telefónico intervenido, Zapatero remitió de forma casi simultánea dos archivos informáticos en formato Excel que contenían bases de datos logísticas.
Para los agentes, el envío de estos ficheros demuestra una planificación organizativa previa y la capacidad directa del emisor para fijar las directrices operativas y de actuación de la trama.
Entre la documentación intervenida figuran identidades de personas físicas y jurídicas vinculadas a sectores estratégicos. Los listados recogían los nombres de Julio Martínez Sola, actual presidente de la compañía aérea; Antonio Fernández, responsable de la constructora de capital chino Aldesa; el intermediario de nacionalidad venezolana Danilo Díaz Granados, y Yong Ying, antiguo consejero delegado de Huawei en España.
La policía judicial sostiene que, si bien Julio Martínez Martínez asumía de manera formal la titularidad de las sociedades mercantiles, la dirección no visible de la estructura la ejercía presuntamente el antiguo líder gubernamental.
La operativa incluía el uso de la consultora Análisis Relevante, cuyos clientes recibían informes mensuales elaborados por Whathefav, entidad gestionada por las hijas del expresidente.
Los abonos por estos servicios se realizaban mediante transferencias de notables cuantías, aunque la UDEF reconoce que varios de los destinatarios de los ficheros no mantenían contratos formales, desconociéndose de momento la contraprestación económica.
Las indagaciones se sustentan también en un chat grupal de mensajería instantánea denominado "AR", creado dos meses después de fundarse la sociedad, donde se constata la participación activa del exdirigente en la comunicación interna.
La legislación en España penaliza las conductas de malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales mediante la supervisión de la Audiencia Nacional, órgano encargado de fiscalizar que la adjudicación de fondos públicos estatales no beneficie a entramados privados de manera preferencial o ilícita.
La cronología de los hechos recabada por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales sitúa el origen de las gestiones en mayo de 2020, antes de la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El gestor Manuel Fajardo García, hijo de un senador socialista, actuó como el enlace inicial para conectar a los directivos de Plus Ultra con el entorno de Rodríguez Zapatero.
La aerolínea de capital venezolano, que arrastraba pérdidas financieras desde hacía nueve años y registraba deudas con la Seguridad Social, obtuvo finalmente en marzo de 2021 una subvención estatal de 53 millones de euros, unos fondos públicos de los que, hasta la fecha, no se ha reembolsado ninguna cantidad.
Con información de El Economista
