El proceso judicial por las consecuencias de la Dana en Valencia ha alcanzado un punto de inflexión político y jurídico sin precedentes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado elevar una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para solicitar la imputación de Carlos Mazón.
Este movimiento técnico es el cauce obligatorio para investigar al expresidente de la Generalitat, quien conserva su condición de aforado debido a su acta de diputado en las Corts Valencianes.
La decisión de la instructora Ruiz Tobarra se produce tras un exhaustivo período de diligencias en el que han prestado declaración más de 500 personas.
Entre los comparecientes figuran piezas clave de la administración autonómica, como la exconsellera Salomé Pradas y su antiguo número dos, Emilio Argüeso, ambos ya en calidad de investigados.
Pese a que el calendario de testificales no ha concluido, la magistrada considera que el material probatorio acumulado es suficiente para que el alto tribunal asuma la competencia sobre la figura del expresident.
Hasta la fecha, Mazón ha declinado las reiteradas invitaciones de la jueza para comparecer de forma voluntaria.
La magistrada le había advertido que, de acudir a la sede judicial de Catarroja, debería hacerlo asistido por un abogado y bajo la condición de investigado, una opción que el exmandatario rechazó sistemáticamente.
Sin embargo, el análisis de las comunicaciones y las actas del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) ha ido estrechando un cerco que ahora se traslada a la instancia superior.
Para fundamentar su resolución, la magistrada se apoya en la doctrina fijada por la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 16 de octubre de 2025.
Aquel auto subrayaba la necesidad de clarificar el proceso de toma de decisiones durante la tarde crítica del 29 de octubre de 2024.
Según el razonamiento jurídico, Mazón, como máxima autoridad de la Generalitat, ostentaba funciones directivas y de coordinación que, de acuerdo con la Ley de Gobierno Valenciano, le permitían impartir instrucciones directas sobre la gestión de la emergencia.
Este paso procesal ocurre en un clima de alta sensibilidad social en la Comunidad Valenciana, donde la gestión de las alertas y la tardanza en la respuesta institucional siguen siendo objeto de debate público.
La instrucción busca determinar si existió una omisión del deber de socorro o una imprudencia grave en la cadena de mando que agravó las consecuencias fatales de la riada en los municipios de la comarca de l'Horta Sud.
El futuro de la causa queda ahora en manos del TSJCV, que se enfrenta a tres escenarios posibles.
La Sala podría archivar la petición si no aprecia indicios delictivos, devolviendo el expediente a Catarroja; podría aceptar la competencia total, lo que obligaría a asumir toda la instrucción de la Dana; o bien, podría optar por una vía intermedia, solicitando a la jueza de instancia que complete diligencias específicas antes de tomar una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Con información de La Vanguardia
