
Mazón no contestó: Pradas revela las llamadas ignoradas en plena Dana

La instrucción judicial sobre la catástrofe de la Dana ha revelado este lunes una brecha de comunicación crítica en la cúspide de la Generalitat Valenciana. Salomé Pradas, exconsellera de Interior e investigada en la causa, ha testificado por primera vez en sede judicial que el president Carlos Mazón no atendió sus llamadas telefónicas durante la tarde del desastre.
Pradas, que ha mantenido un careo con la mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, ha detallado una sensación de soledad institucional mientras intentaba gestionar una crisis que ya sobrepasaba todos los protocolos de emergencia conocidos hasta la fecha.
"De confinar nada": la barrera del gabinete
El enfrentamiento dialéctico se ha centrado en los mensajes de WhatsApp enviados por José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón, en los que instaba a Pradas a descartar medidas de restricción de movimiento.
Frases como "Salo, de confinar nada" o "quítate eso de la cabeza" han sido el eje del conflicto. Pradas ha sido tajante: para ella, Cuenca no era un simple asesor, sino la "extensión del president". Bajo esta premisa, la exconsellera interpretó que las negativas a confinar a la población no eran "reflexiones personales" de un periodista, sino instrucciones directas emanadas del Palau de la Generalitat.
Las llamadas perdidas que marcan el cronómetro
La magistrada ha puesto el foco en la incomunicación de Mazón durante los minutos de mayor peligro. Pradas ha confirmado que intentó contactar con el president a las 19:10 y a las 19:36 horas, momentos en los que la situación ya era desesperada.
Según su relato, dejó sonar el teléfono hasta el final de todos los tonos de llamada sin obtener respuesta. Esta falta de conexión la obligó a derivar las consultas hacia Cuenca y hacia el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, buscando una validación que el máximo responsable regional no estaba proporcionando en ese instante.
Por su parte, José Manuel Cuenca ha comparecido como testigo —lo que le obliga legalmente a decir la verdad— y ha intentado desvincular sus mensajes de cualquier orden ejecutiva. Ha argumentado que sus advertencias contra el confinamiento eran "reflexiones personales" basadas en su temor a vulnerar derechos fundamentales, comparando la situación con el estado de alarma de la pandemia.
Sin embargo, Pradas ha rebatido esta versión asegurando que en el CECOPI existía consenso técnico sobre la legalidad de la medida y que el papel de Cuenca fue, en la práctica, el de un filtro que condicionó la toma de decisiones.
Para blindar su testimonio, la exconsellera ha entregado al juzgado un acta notarial que contiene la secuencia completa de sus comunicaciones.
Frente a la estrategia de Cuenca, quien sostiene que sus palabras han sido "descontextualizadas", Pradas insiste en que la presión fue real y constante.
El careo ha servido para evidenciar que la exconsellera se sintió tutelada por un gabinete que, presuntamente, trataba de influir en las medidas de emergencia sin estar presente en la gestión técnica, dejando al descubierto una crisis de confianza que terminó por dinamitar el equipo de Mazón tras la tragedia.
Con información de Cadena Ser


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