El Tribunal del Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, ha condenado a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, tras hallarlo culpable de un delito de insurrección por su fallido intento de imponer la ley marcial a finales de 2024.
El juez Jee Kui-youn, en una resolución leída ante una expectante audiencia, calificó el decreto presidencial como un ataque directo a los pilares del Estado, destinado a paralizar la Asamblea Nacional y subvertir el orden constitucional mediante el uso de la fuerza militar.
La decisión judicial llega tras meses de una crisis institucional que mantuvo al país en vilo. El tribunal determinó que el despliegue del Ejército y las fuerzas antidisturbios en las inmediaciones del Parlamento no fue una medida de seguridad, sino una herramienta de coacción para obstruir las funciones legislativas.
Aunque la Fiscalía surcoreana había solicitado la pena de muerte, el magistrado optó por la reclusión de por vida, respetando la moratoria de facto que el país asiático mantiene sobre la pena capital desde hace décadas.
La sentencia contra Yoon no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que ha desmantelado la cúpula de su administración. Junto al exmandatario, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, ha recibido una pena de 30 años de prisión por su implicación directa en la movilización de tropas.
Estas condenas se suman a las ya impuestas al ex primer ministro Han Duck-soo y al exministro del Interior Lee Sang-min, consolidando un castigo colegiado contra quienes orquestaron el estado de excepción de seis horas que aquel 3 de diciembre de 2024 amenazó con quebrar la convivencia ciudadana.
Yoon, quien ya acumulaba una condena previa de cinco años por obstrucción a la justicia, fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional. El alto tribunal argumentó entonces que no existía ninguna emergencia real que legitimara la suspensión de las libertades civiles, un criterio que hoy la justicia penal ha elevado a la categoría de crimen contra la soberanía popular.
Corea del Sur ha demostrado una resiliencia institucional notable en una región donde la estabilidad política suele ser volátil. A diferencia de otros procesos históricos de transición, la caída de Yoon Suk-yeol ha seguido los cauces legales estrictos, reforzando el mensaje de que ningún cargo público, por elevado que sea, está por encima de la ley.
Este veredicto no solo castiga un acto de insurrección, sino que establece un precedente preventivo en el noreste asiático sobre el uso de poderes extraordinarios para silenciar a la oposición parlamentaria.
La tensión se ha trasladado este jueves a las calles de Seúl. Miles de manifestantes, divididos entre el apoyo incondicional y la indignación absoluta, se han congregado en los alrededores de la sede judicial bajo un fuerte despliegue de seguridad.
Las autoridades han extremado la vigilancia para evitar que se repitan los disturbios del año pasado, cuando grupos de seguidores del expresidente intentaron asaltar tribunales locales.
Mientras algunos ciudadanos celebraban el fallo como un triunfo de la democracia, otros recibían entre lágrimas una sentencia que aparta definitivamente a Yoon de la vida pública.
Con este veredicto, Corea del Sur reafirma su compromiso con los valores democráticos fundamentales. La justicia ha dejado claro que el intento de socavar las instituciones mediante bayonetas y decretos nocturnos no solo es políticamente inviable, sino criminalmente punible bajo el rigor de una ley que hoy, más que nunca, se muestra igual para todos.
Con información de EFE
