La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado que solicitaba el análisis de los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 2018 y 2025 desde su cuenta institucional en Moncloa.
La decisión deja sin efecto la providencia dictada por el magistrado y supone un respaldo a los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez.
La Sección 23 de la Audiencia concluyó que la petición de Peinado carecía de la justificación necesaria y no cumplía con los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
En su auto, fechado el 9 de diciembre, los magistrados subrayan que la interceptación de comunicaciones debe adoptarse mediante una resolución judicial motivada y ajustada a derecho, algo que no ocurrió en este caso.
El juez Peinado había recibido copia de los correos de Gómez y los remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 2 de noviembre.
Sin embargo, la Audiencia considera que esa actuación no puede sostenerse jurídicamente, ya que se realizó mediante una providencia que no mencionaba ninguno de los requisitos exigidos. “Resulta una medida carente de la justificación necesaria”, señala el tribunal.
Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida.
El magistrado pidió los correos para esclarecer si Gómez favoreció a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, o si utilizó recursos institucionales para actividades privadas vinculadas a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La Fiscalía y la defensa de Gómez calificaron la medida de “absolutamente desmesurada” y alertaron de que vulneraba derechos fundamentales. La Audiencia les ha dado la razón, frenando una de las actuaciones más polémicas del juez.
El caso ha generado gran atención mediática y política, al involucrar directamente a la esposa del presidente del Gobierno. La propuesta de Peinado de que, en caso de llegar a juicio, el proceso recaiga en un jurado popular, también ha sido recurrida por la defensa de Gómez.
Además de la esposa de Sánchez, en la causa figuran como investigados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez levantó la imputación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, siguiendo instrucciones de la propia Audiencia Provincial.
La resolución de la Audiencia pone de relieve la importancia de respetar los principios de proporcionalidad y necesidad en la investigación judicial, especialmente cuando se trata de comunicaciones privadas.
El tribunal recuerda que las medidas de interceptación deben ser excepcionales y estar debidamente motivadas, para evitar vulneraciones de derechos fundamentales.
El caso Begoña Gómez continúa abierto, pero la decisión de la Audiencia marca un límite claro a las actuaciones del juez Peinado y refuerza el papel de los tribunales superiores como garantes de la legalidad en procesos de alta sensibilidad política.
Con información de El Mundo
