Las grabaciones incorporadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al informe de junio han abierto un nuevo frente político y judicial en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El audio número 8, que provocó la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su posterior ingreso en prisión, recoge conversaciones en las que se apunta a un posible chivatazo sobre la investigación en curso, de acuerdo con una publicación de Radio Libertad.
En dichas grabaciones, Cerdán reconoce haber tenido conocimiento de que Koldo García estaba siendo investigado y admite que se había distanciado de él por ese motivo.
Koldo, por su parte, asegura que trasladó “un recado” al presidente del Gobierno, mensaje que habría llegado a los entonces directores de Gabinete de Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando.
Según los testimonios de José Luis Ábalos y del propio Koldo, Sánchez habría podido incurrir en delitos de revelación de secretos y obstrucción a la Justicia al alertar a sus compañeros de partido de que sus comunicaciones podían estar intervenidas.
Este episodio, de confirmarse, supondría un grave cuestionamiento institucional sobre la gestión de información reservada en el seno del Ejecutivo.
Por otro lado, Cerdán ha asegurado que dará explicaciones “a su debido tiempo”. Lo hizo tras acudir este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, de acuerdo con una publicación de EFE.
Cerdán evitó hacer declaraciones a su llegada, pero al salir del edificio, siete minutos después, respondió brevemente a los medios: “Será a su debido tiempo”.
El juez Puente decretó la puesta en libertad de Cerdán el pasado 19 de noviembre, al considerar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas.
No obstante, amplió los indicios contra él e impuso medidas cautelares: comparecencias quincenales en el juzgado, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte. Desde entonces, Cerdán reside en Milagro, su localidad natal, tras abandonar la prisión de Soto del Real.
Las grabaciones han reavivado el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en el PSOE.
El trasfondo del caso UCO refleja la tensión interna en el partido y la presión judicial sobre antiguos colaboradores del Gobierno. La investigación sigue abierta y las grabaciones se han convertido en piezas clave para determinar si existió un aviso ilegal que comprometiera la labor de la Guardia Civil.
Con información de Radio Libertad
