El juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado un auto por que deja sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca, captura y detención dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, así como sobre los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión judicial se produce tras hacerse pública la postura del Tribunal Constitucional de respaldar la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación de fondos públicos.
Según recoge RTVE, la resolución del órgano constitucional se conoció tras estimarse el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa frente a las resoluciones del alto tribunal que impedían perdonar las penas asociadas al desvío de partidas presupuestarias durante las consultas del proceso independentista catalán.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo precisa en su escrito que el levantamiento de las órdenes de arresto responde a una medida cautelar y preventiva hasta conocer la redacción íntegra de la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional.
En el texto del auto judicial, el instructor Llarena señala expresamente que la coincidencia sustancial de los hechos y la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva sobre el fondo del asunto, un impacto directo en el fundamento jurídico de las órdenes mantenidas mediante la resolución emitida el pasado 1 de julio de 2024.
La nueva resolución del instructor establece los siguientes términos formales de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
El pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional se saldó con una votación ajustada de siete votos a favor de la estimación del amparo y cinco votos en contra, acompañados por sus correspondientes votos particulares formulados por los magistrados discrepantes del bloque conservador.
La postura mayoritaria del tribunal considera que la interpretación previa realizada por los órganos judiciales recortaba de forma sustancial la voluntad expresada por el legislador al redactar la norma, cuyo objetivo formal era la normalización institucional en Cataluña.
Asimismo, la ponencia impulsada en el tribunal argumenta que considerar la existencia de un enriquecimiento personal o lucro propio en la gestión presupuestaria del procés constituía una lectura extensiva y contraria al espíritu de la ley, convirtiendo las excepciones previstas en la norma en la regla general de inaplicación.
La resolución adoptada en relación con el expediente de Bassa fija un criterio interpretativo determinante que servirá de marco normativo para resolver los recursos pendientes de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Antoni Comín, Lluís Puig y el propio Carles Puigdemont.
Con información de RTVE
