El Ejecutivo español ultimó los detalles del segundo paquete normativo de vivienda que modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), incorporando un mecanismo de prórroga automática indefinida para los contratos de alquiler.
Según recoge el diario AS, la medida establece que los propietarios que decidan no renovar el arrendamiento al término del período legal obligatorio deberán abonar al inquilino una compensación económica de 12 mensualidades de renta, salvo en los supuestos de excepción explícitamente recogidos en la ley.
La reforma legal dispone que, una vez finalizado el plazo mínimo obligatorio —de cinco años para arrendadores particulares y siete para personas jurídicas—, los contratos se prorrogarán por períodos equivalentes si ninguna de las partes notifica su rescisión.
Para declinar la continuidad del contrato sin alegar causa justificada, el arrendador deberá notificar la decisión con seis meses de antelación y asumir una compensación equivalente al menos 12 mensualidades de renta, calculada con base en el índice estatal de referencia de precios.
El paquete de medidas regulatorias se dividió en dos decretos tras las movilizaciones sociales registradas en Madrid a raíz de desahucios mediáticos.
El primer texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), extendió la protección contra desahucios a familias vulnerables hasta el año 2030 y reguló aspectos del alquiler de temporada.
La segunda norma, que contiene las compensaciones económicas y las extensiones contractuales, se someterá a votación parlamentaria tras ajustar detalles de encaje jurídico.
El borrador normativo estipula varios supuestos en los cuales el propietario quedará exento de abonar la indemnización a los arrendatarios.
Entre las causas contempladas se encuentra la necesidad acreditada de la vivienda para uso personal, de su cónyuge o de familiares en primer y segundo grado de consanguinidad.
Asimismo, tampoco procederá el pago compensatorio si el inquilino no habita la propiedad por más de seis meses seguidos sin justificación o si posee otro inmueble adecuado en el mismo municipio.
La exención también aplicará si las partes acuerdan la firma de un nuevo contrato de larga duración bajo los márgenes de precios regulados, o cuando el arrendador demuestre una situación de vulnerabilidad económica. Todos estos motivos deberán ser notificados formalmente al momento de comunicar la no renovación del inmueble.
La aprobación definitiva del texto dependerá de las negociaciones que mantiene el Gobierno para amarrar la mayoría parlamentaria en la Cámara Baja.
El debate legislativo fijará los equilibrios definitivos entre las garantías de permanencia para los arrendatarios y los derechos de gestión patrimonial de la propiedad privada en España.
Con información de AS
