El panorama político de Colombia se encuentra convulsionado tras la apertura de diversas indagaciones judiciales contra el expresidente Gustavo Petro a raíz de una serie de acusaciones públicas sobre presuntos intercambios de empleos públicos por favores sexuales.
El escándalo estalló el pasado 25 de octubre, cuando una ciudadana hasta entonces anónima, Deicy Jiménez, concedió una entrevista de 22 minutos a la periodista Vicky Dávila —directora de la Revista Semana y exprecandidata presidencial opositora—, en la que aseveró haber mantenido una relación romántica con el exmandatario y haber obtenido beneficios laborales en múltiples entidades del Estado.
Según el testimonio difundido por la entrevistada, se trataría de una supuesta red compuesta por "entre 30 y 40 mujeres" que habrían accedido a contratos estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario en reuniones privadas.
Las declaraciones se sumaron a una denuncia previa realizada en el Congreso por Carlos Ríos, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien aludió a la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios.
Asimismo, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, había señalado previamente la existencia de una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño, afirmaciones que Petro desestimó calificándola de persona "psicótica".
Tras las acusaciones, la revisión de los registros oficiales en el Secop II permitió constatar la existencia de 10 contratos de prestación de servicios firmados por Deicy Jiménez con tres instituciones estatales entre 2021 y 2026, los cuales ascienden a 126.544.432 pesos colombianos (unos 38.000 dólares actuales).
Algunos detalles expuestos por la mujer coinciden parcialmente con los documentos públicos, como sus labores iniciales vinculadas al Senado —donde trabajaba la entonces senadora Maria José Pizarro—, así como vínculos posteriores con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. El último registro corresponde al 21 de enero de este año, con pagos mensuales estipulados para el 2026.
Como sustento de sus afirmaciones, Deicy Jiménez publicó un video en su cuenta de Instagram en el que supuestamente aparece junto a Gustavo Petro en una habitación, además de filtrarse una grabación de pantalla de una supuesta videollamada.
No obstante, la cadena BBC aclaró que dichos contenidos y los chats difundidos en redes sociales no pudieron ser verificados de forma independiente.
El expresidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente haber condicionado adjudicaciones públicas a relaciones íntimas, afirmando en un comunicado: "Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante".
El exmandatario sostuvo que las revelaciones responden a una operación orquestada desde el gobierno de De la Espriella e insinuó pagos a Jiménez para incriminarle, mientras que su defensa denunció penalmente a Carlos Ríos ante la Fiscalía por un presunto montaje de testimonios.
Por su parte, el partido Pacto Histórico y el excandidato presidencial Iván Cepeda señalaron que evaluarán conductas internas pero advirtieron que no cederán ante intentos de desestabilización.
Ante la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría han abierto frentes de investigación penal y disciplinaria. La propia Jiménez entregó su teléfono móvil para una inspección forense, y un magistrado de la Corte Suprema ordenó auditar los contratos del Senado.
Asimismo, la Comisión de Acusaciones recibió una demanda formal del partido Salvación Nacional para investigar al exgobernante por presunta indignidad por mala conducta.
Con información de BBC Mundo
