La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha iniciado una investigación penal en relación con la entrada masiva de miles de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta ocurrida a finales de julio.
Según una información que recoge EFE, la jueza ha destacado en un auto judicial la existencia de una "clara e indudable gestión favorecedora" desde el territorio de Marruecos, al considerar que miembros de las fuerzas de seguridad del país vecino participaron de manera directa en el proceso.
En su resolución, la instructora sostiene que no se trató de un hecho fortuito o espontáneo, sino de una conducta organizada que buscaba colapsar el sistema de control fronterizo y vulnerar la soberanía territorial española.
El escrito judicial fundamenta esta conclusión en los informes elaborados por la Policía Nacional, donde se incluye material gráfico que muestra a agentes uniformados marroquíes indicando el camino a los migrantes y ayudándoles a superar "los obstáculos" de la frontera.
La investigación judicial detalla que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras emitió una alerta de "riesgo extremo" apenas un día antes de que se produjeran los hechos.
El auto judicial describe que la entrada se organizó en distintas oleadas sucesivas, comenzando por grupos de jóvenes equipados con trajes de neopreno y aletas, seguidos posteriormente por familias con niños sin equipamiento adecuado. Esta dinámica provocó un "colapso" inmediato de las capacidades de respuesta de las fuerzas de seguridad españolas desplegadas en la zona.
Para estructurar la causa, la magistrada ha fijado hasta cinco niveles de responsabilidad penal. Estos escalones abarcan desde la masa de personas que cruzó la frontera y los dinamizadores en redes sociales, hasta los organizadores sobre el terreno, los planificadores del proceso y los sectores con alta capacidad de influencia sobre las instituciones marroquíes.
Asimismo, las pesquisas judiciales analizarán si las autoridades competentes articularon los medios de respuesta adecuados ante las advertencias previas recibidas.
La resolución de la Audiencia Nacional enmarca este episodio dentro de los métodos propios de la denominada "guerra híbrida", dirigida a alterar la estabilidad política y social del país mediante el uso instrumentalizado de flujos migratorios masivos.
Durante la crisis fronteriza se calcula que perdieron la vida unas 140 personas, 83 de ellas en aguas bajo jurisdicción española, debido a la precariedad de los elementos de flotación empleados para bordear los espigones.
Por estos motivos, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, organización criminal, homicidio imprudente y vulneración de los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Al tratarse de actuaciones presuntamente coordinadas desde el exterior con un impacto directo en la integridad territorial de España, la competencia para asumir la investigación penal corresponde a la Audiencia Nacional.
Con información de EFE
