El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves durante su comparecencia parlamentaria en el pleno del Congreso de los Diputados que no existen evidencias sólidas que demuestren que las autoridades de Marruecos planificaran o ejecutaran la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.
El jefe del Ejecutivo ha defendido la postura de cautela adoptada por la administración central frente a las críticas de la oposición y de sus socios de investidura, subrayando que cualquier respuesta institucional contra una potencia extranjera debe estar sustentada en hechos probados, contrastados y validados por las instituciones correspondientes.
Durante su alocución, la primera autoridad del gabinete remarcó que el Ejecutivo actuará con la máxima firmeza si las investigaciones judiciales aportan elementos incriminatorios definitivos.
No obstante, precisó que ningún organismo internacional ha aportado hasta el momento datos concluyentes que acrediten la implicación directa del reino alauita.
Pese a mantener la prudencia en el ámbito diplomático para evitar un conflicto de alcance internacional, el presidente avanzó que la relación de cooperación en materia de control de flujos migratorios con el país vecino debe reestructurarse tras los acontecimientos vividos en la frontera ceutí.
En este sentido, la administración central se encuentra revisando los mecanismos de coordinación y alerta temprana establecidos con los organismos de seguridad marroquíes para fijar garantías operativas adicionales en la delimitación territorial.
Frente a las acusaciones formuladas por formaciones políticas como Podemos, cuyos portavoces recriminaron al Ejecutivo un exceso de condescendencia hacia las autoridades de Rabat, el mandatario negó tajantemente cualquier tipo de protección.
El presidente sostuvo que la actuación gubernamental responde estrictamente a una visión de Estado fundamentada en el rigor normativo y en la preservación de las relaciones de vecindad.
En el transcurso del debate parlamentario, el titular del Ejecutivo desveló que el Ministerio de Asuntos Exteriores procedió a la convocatoria formal de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto.
Este requerimiento diplomático se produjo como respuesta a las manifestaciones públicas realizadas por dos integrantes del gabinete marroquí que cuestionaban la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El presidente calificó de inaceptables e inasumibles las valoraciones vertidas por los responsables de las carteras de Justicia y Asuntos Islámicos del país magrebí.
Esta acción de protesta se mantuvo bajo reserva diplomática hasta su confirmación en sede parlamentaria, en un contexto marcado por la exigencia de explicaciones por parte de las fuerzas políticas de la cámara.
Con información de EFE
