Sánchez comete un error sobre el reinado de Felipe VI al abordar la visita a Ceuta

El presidente del Gobierno atribuye al rey Felipe VI dos décadas en el trono al argumentar la falta de desplazamientos oficiales a la ciudad autónoma de Ceuta
Actualidad Sala de redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI|Foto: Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI|Foto: Europa Press

El debate político en torno a la cobertura institucional de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta ha sumado un nuevo capítulo a raíz de las declaraciones vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que existen "razones y argumentos" para que el monarca Felipe VI visite próximamente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Sin embargo, en el curso de su exposición, el mandatario ha incurrido en una imprecisión histórica al cuestionar retóricamente los años de mandato del jefe del Estado, atribuyendo a Felipe VI "20 años" en el trono, lo que resulta una afirmación confusa, ya que el actual monarca lleva reinando 12 años, desde junio de 2019.

La última visita real a la zona se remonta a 2007 bajo el reinado de Juan Carlos I, según recoge The Objective.

El pronunciamiento se produce un mes después del episodio en el que se registró la llegada masiva de unos 80.000 migrantes a la linde ceutí.

Aunque Sánchez ha confirmado que el viaje de la Jefatura del Estado se terminará llevando a cabo mediante la debida coordinación entre la Casa del Rey y la Moncloa, ha eludido fijar un calendario preciso, condicionando el desplazamiento a que se den las circunstancias idóneas en el plano diplomático y de seguridad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una intervención institucional tras el Consejo de Gobierno|Foto: EFE Ultimátum de Ceuta al Gobierno: 30 días para actuar o acudirá al Poder Judicial

La gestión del calendario real y el encaje diplomático con Marruecos

La ausencia de un desplazamiento oficial de Felipe VI a Ceuta durante las semanas de mayor presión migratoria generó divergencias sobre las competencias en la formulación de la agenda institucional.

Pese a que la Casa del Rey contempló la posibilidad de desplazarse a la zona para transmitir su respaldo a la ciudadanía, la prerrogativa del Ejecutivo de refrendar los actos reales —amparada en el artículo 64 de la Constitución— priorizó atenuar cualquier posible fricción con el Reino de Marruecos, socio calificado por Moncloa como colaborador clave en el control del flujo fronterizo.

Ante la suspensión temporal del viaje, la interlocución de la Corona se ha canalizado por vías alternativas. El pasado 6 de agosto, Felipe VI recibió en audiencia en el Palacio de Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para conocer de primera mano la situación del territorio tras el asalto fronterizo, manteniendo desde entonces contactos telefónicos periódicos.

Paralelamente, según recoge The Objective, miembros del Gabinete han ofrecido versiones contradictorias en los últimos días sobre el margen de autonomía de Zarzuela, oscilando entre la supervisión gubernamental de la agenda en asuntos sensibles y la reafirmación de la independencia organizativa de la Casa Real.

Tensiones políticas y debate sobre el papel de la Corona

El señalamiento hacia la agenda del monarca coincide con un escenario de debate interno sobre el tratamiento que el Ejecutivo otorga a la Jefatura del Estado.

En las últimas semanas, pronunciamientos procedentes del ala socialista criticando apariciones públicas o encuentros del Rey han reabierto la discusión sobre los límites en la relación entre el Gobierno y la Corona.

Fuentes del ámbito político interpretan que esta exposición mediática busca desviar la atención de la compleja gestión migratoria en la frontera sur. No obstante, diversos sectores parlamentarios y cargos de la administración advierten del riesgo de alimentar discusiones sobre la estructura del Estado o el papel de la monarquía parlamentaria, recordando que cualquier modificación del marco institucional requeriría mayorías consolidadas y consensos que trascienden la coyuntura política actual.

Con información de The Objective

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