Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantuvieron una conversación el 30 de julio, tres días después de las primeras alertas trasladadas por el dirigente ceutí sobre el aumento de la presión migratoria en la frontera de El Tarajal.
Según publican El Español y El Observador, Vivas había intentado contactar con el jefe del Ejecutivo el 27 de julio ante el incremento de las entradas en la ciudad autónoma. La comunicación fue gestionada inicialmente a través del jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio.
Las fuentes del Ejecutivo ceutí indican que departamentos como Interior, Exteriores, Defensa, Juventud e Infancia, y Política Territorial contaban con notificaciones sobre la dinámica de ocupación en el espigón marítimo, tras detectar incrementos no habituales en las llegadas a Ceuta.
El desarrollo de los acontecimientos ha generado distintos análisis en el ámbito ministerial. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que el departamento no dispuso de un informe específico del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que anticipara un volumen de entradas fijado de forma global en 72.000 personas.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó valorar el contenido de las notas de trabajo internas, al tiempo que respaldó las tareas desarrolladas por los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad estatales.
Fuentes del ámbito de la seguridad señalan que existían análisis de riesgo ordinarios sobre la vulnerabilidad estructural de El Tarajal y sobre el impacto de las resoluciones judiciales en materia de devoluciones en el perímetro fronterizo.
Dichos documentos identificaban la vía marítima a nado como uno de los vectores recurrentes de acceso a la ciudad autónoma.
En el plano operativo, el Ministerio del Interior dispuso el desplazamiento gradual de efectivos adicionales, integrando unidades de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
No obstante, los medios sobre el terreno resultaron limitados ante la dimensión del caudal migratorio registrado en la infraestructura del espigón.
El escenario coincidió además con la saturación de los recursos de acogida destinados a la atención de menores no acompañados en la ciudad autónoma. En ese contexto, el presidente Pedro Sánchez trasladó su residencia al complejo de La Mareta, en Lanzarote, para su período estival, mientras diversos grupos parlamentarios solicitaban la comparecencia de los responsables de las áreas afectadas en el Congreso de los Diputados.
La magnitud de este episodio lo sitúa como el suceso más grave registrado en los pasos fronterizos de la geografía española. En el plano político, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallado que el contingente de entradas ascendió a 72.000 personas, de las cuales 70.000 ya han sido retornadas a suelo marroquí.
Asimismo, el titular de la cartera ha defendido en el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea que la seguridad del espacio Schengen no se ha visto comprometida. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Migratorios, Magnus Brunner, ha señalado la existencia de agentes externos en el origen del conflicto, al tiempo que ha subrayado la necesidad de evitar procesos de regularización masiva
Con información de El Observador
