Tras la implantación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, las mascotas pasaron a ser reconocidas legalmente como seres con capacidad de sentir.
Este cambio de paradigma implica que prácticas antes habituales, como alojar de forma permanente a perros o gatos en espacios exteriores de la vivienda, se consideren hoy infracciones graves.
Las autoridades judiciales y los cuerpos de seguridad se basan en criterios sanitarios y etológicos para perseguir conductas de aislamiento que comprometen la salud de los animales domésticos.
La legislación vigente delimita de manera estricta los entornos donde un animal no puede residir de forma habitual. Según detalla El Español, el artículo 27 prohíbe el mantenimiento permanente de animales de compañía en terrazas, balcones, azoteas, patios, sótanos o vehículos.
Aunque la normativa no impide que las mascotas accedan temporalmente a estas zonas para su recreo cotidiano, sí sanciona el abandono prolongado a la intemperie.
La exposición constante a temperaturas extremas veraniegas o al frío invernal sin la posibilidad de refugiarse en el interior del domicilio acarrea graves riesgos físicos para el animal.
El control normativo no solo vigila el espacio físico, sino también los tiempos de ausencia de los cuidadores. El desglose normativo expuesto por La Razón especifica que ningún animal doméstico puede quedarse desatendido por más de tres días seguidos, reduciéndose este límite a un máximo de 24 horas consecutivas en el caso de los perros.
Las sanciones económicas se dividen en tres categorías diferenciadas:
La justificación de estas severas multas reside en el daño emocional crónico que sufren las mascotas al verse recluidas. Los animales domésticos poseen una naturaleza gregaria innata que requiere de estímulos constantes.
De acuerdo con el análisis de comportamiento animal de 20minutos, los canes manifiestan la soledad mediante apatía, vocalizaciones persistentes, conductas destructivas o un descenso drástico en sus niveles diarios de energía.
Este endurecimiento de la ley responde a una realidad social evidente, puesto que en el territorio español conviven actualmente más de 20 millones de animales censados.
Esta cifra se traduce en que prácticamente uno de cada tres hogares cuenta con la presencia de un perro o un gato como parte del núcleo familiar.
Finalmente, en el caso específico de los felinos domésticos, la legislación busca atajar los accidentes por caídas desde alturas, una emergencia veterinaria recurrente durante las olas de calor estivales.
