La Audiencia Nacional ha puesto el foco en las actividades internacionales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama, investiga el origen de un pago de 200.000 euros realizado al exlíder socialista durante el año 2024. Los fondos provienen de Focus Social Research SAC, una empresa de consultoría radicada en Lima, Perú.
Según los datos avanzados por el diario El Confidencial y recogidos por La Gaceta de la Iberosfera, el exmandatario reconoció la recepción del dinero en su declaración, pero evitó profundizar en los detalles de las tareas desempeñadas, limitándose a catalogarlas como labores genéricas de asesoramiento privado.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detallan que los fondos se ingresaron mediante tres transferencias bancarias dirigidas a una cuenta común que el expresidente comparte con su cónyuge, Sonsoles Espinosa.
La compañía emisora de los pagos pertenece al consultor y docente universitario peruano Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales, un profesional con una trayectoria consolidada en la intermediación institucional y el asesoramiento a corporaciones extranjeras dentro del sector de la explotación de materias primas.
Los agentes policiales consideran de alta relevancia la coincidencia de fechas entre los abonos económicos y los movimientos de negocios del empresario.
En el mismo período en que se emitieron las facturas, Carranza obtuvo los derechos públicos sobre una superficie minera de 500 hectáreas en la provincia de Puno, un territorio de alto valor estratégico debido a sus recursos naturales. La adjudicación estatal se sitúa en el distrito de Muñani, una región caracterizada por albergar yacimientos de oro, plata y metales industriales.
Posteriormente, la titularidad de los terrenos adjudicados se transfirió a una corporación especializada en la extracción y comercialización de metales preciosos.
Dicha transacción mercantil incorporó además una finca vecina de 700 hectáreas. Las autoridades judiciales intentan esclarecer si estas adjudicaciones guardan relación con las asesorías declaradas por el político leonés o si forman parte de un esquema de comisiones ilícitas.
La investigación se enmarca en una causa penal más amplia donde se analizan presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias.
El tribunal examina si la red de contactos diplomáticos del expresidente se utilizó de manera irregular para favorecer los intereses de corporaciones privadas en diversos mercados internacionales.
Las pesquisas de la Audiencia Nacional apuntan a que Zapatero pudo ejercer como mediador de alto nivel en operaciones de compraventa de activos y gestión de recursos energéticos.
Aunque el núcleo de las indagaciones se había centrado en Venezuela, la inclusión de este episodio en Perú amplía el radio de acción del caso.
La documentación incorporada intenta descifrar si la influencia institucional del antiguo jefe del Ejecutivo sirvió para abrir canales de decisión ante gobiernos extranjeros, una cuestión clave que el magistrado Calama intenta resolver ante la falta de precisiones en el interrogatorio.
Con información se La Gaceta de la Iberosfera
