La pequeña nación insular de Nauru, situada en el océano Pacífico, ha puesto en marcha un programa de inversión económica que permite adquirir su ciudadanía por 90.000 dólares. A diferencia de otros sistemas internacionales de concesión de residencia o visados, la iniciativa de este microestado tiene como finalidad exclusiva la recaudación de fondos públicos para financiar infraestructuras de adaptación frente a la subida del nivel del mar.
El pasaporte de la república otorga acceso sin necesidad de visado previo o con tramitación a la llegada a más de 85 destinos globales, entre los que se incluyen mercados como Singapur, Hong Kong y el Reino Unido.
La medida responde a una crisis territorial provocada por la combinación del deterioro ambiental y el impacto directo del cambio climático. Con una extensión de 21 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 12.500 habitantes, el país padece las consecuencias de la explotación intensiva de fosfatos realizada durante el siglo XX.
Aquella actividad minera dejó aproximadamente el 80% del interior de la isla devastado e inhabitable, lo que obligó a la población a concentrarse en la franja costera. Estas zonas litorales sufren en la actualidad el avance progresivo de las aguas, mareas extremas y un ritmo acelerado de erosión.
El objetivo central del Gobierno de Nauru es reubicar a cerca del 90% de las viviendas, centros comunitarios y servicios esenciales de la isla hacia las pocas áreas elevadas que continúan siendo aptas para la construcción.
La primera fase de este proyecto urbanístico requiere una inversión superior a los 60 millones de dólares, suma que se pretende cubrir mediante los ingresos procedentes de la venta de los pasaportes dorados.
Según las proyecciones presupuestarias de la administración, las aportaciones de este programa de residencia podrían llegar a representar una quinta parte de las arcas públicas del país.
Para evitar irregularidades como las registradas en otros modelos de ciudadanía por inversión, el Ejecutivo ha establecido protocolos de verificación que incluyen controles de antecedentes penales en varias etapas y la facultad legal de revocar la nacionalidad si se detectan delitos graves.
Asimismo, el pasaporte no otorga a los nuevos ciudadanos el derecho a adquirir propiedades inmobiliarias en la isla, donde la titularidad de la tierra se mantiene restringida de manera estricta a la población autóctona.
La estrategia adoptada por Nauru pone de manifiesto las dificultades que afrontan los estados insulares para acceder a los fondos internacionales de adaptación climática. Ante la lentitud de los desembolsos globales, el uso de programas financieros propios permite a la nación obtener liquidez inmediata sin depender de la ayuda externa.
Otros territorios vulnerables del Pacífico y del Caribe, como Dominica, siguen de cerca el desarrollo de esta medida para evaluar su viabilidad a largo plazo.
Con información de Xataka
