El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley diseñado para elevar las prestaciones de jubilación de los profesionales que aportaron a mutualidades alternativas en lugar del sistema público.
Esta regulación beneficiará de forma directa a colectivos de trabajadores por cuenta propia como abogados, procuradores, ingenieros, médicos y arquitectos. La reforma establece un mecanismo de transición que busca corregir las bajas asignaciones de retiro que perciben estos sectores en la actualidad.
El impacto económico de la reforma permitirá casi triplicar los ingresos mensuales de los trabajadores que cumplan con los requisitos de tiempo exigidos.
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Javier Alfonso Cendón detalló que un profesional con 38 años de aportaciones en una entidad privada, que inicialmente optaba a una jubilación media de 450 euros, podrá alcanzar los 1.200 euros mensuales gracias al nuevo marco legal.
El período de cotización citado coincide con el tramo requerido por la Seguridad Social para acceder a la base máxima.
El eje central de la legislación consiste en la apertura de una pasarela hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los profesionales que decidan acogerse a esta modalidad deberán transferir la totalidad del capital acumulado en sus respectivas mutualidades hacia las arcas del Estado.
Estos fondos particulares se transformarán en tiempo de cotización computable dentro del sistema público de la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo concretará en un reglamento posterior si el traspaso de capital se ejecutará de forma inmediata o al momento del retiro laboral.
A pesar del incremento en la asignación mensual, la normativa no asegura de forma automática la percepción de la cuantía mínima universal que reciben los cotizantes habituales del sector público.
El texto definitivo no incorporó la equivalencia directa de año por año demandada por diversas plataformas de afectados, debido a que las aportaciones mensuales previas en los regímenes privados fueron inferiores a las cuotas mínimas exigidas históricamente por la Seguridad Social.
En el marco legal español, los colegios profesionales mantuvieron durante décadas sistemas de previsión social independientes que funcionaban como alternativa obligatoria al régimen de autónomos.
Esta dualidad permitía a ciertos sectores gestionar sus fondos de jubilación mediante entidades corporativas privadas, un modelo que con el tiempo ha generado diferencias significativas en las prestaciones finales en comparación con el sistema público de pensiones.
Las negociaciones de última hora en la Cámara Baja introdujeron una modificación estructural en el texto legislativo para ampliar el universo de beneficiarios. La versión final elimina las restricciones temporales de acceso, permitiendo el traslado al sistema público tanto a los profesionales en activo como a quienes ya se encuentran en situación de jubilación.
El colectivo de retirados actuales percibe asignaciones que oscilan entre los 300 y los 700 euros al mes. Tras recibir el visto bueno del Congreso, la ley continuará su tramitación en el Senado, donde se definirán los detalles técnicos y los requisitos específicos para los pensionistas actuales.
Con información de El Economista
