La investigación judicial sobre el entorno financiero de la aerolínea Plus Ultra ha sumado un nuevo requerimiento de carácter internacional. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un auto para solicitar asistencia jurídica formal a las autoridades de Estados Unidos (EEUU).
El objetivo de este procedimiento es habilitar de forma legal la inclusión en el sumario español de las evidencias obtenidas a partir de un dispositivo telefónico perteneciente a Rodolfo Reyes, antiguo directivo de la citada compañía de transporte aéreo.
Los datos de este terminal informático fueron obtenidos originalmente por la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Posteriormente, este organismo remitió el material extraído a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.
La cooperación técnica entre la delegación del HSI en Madrid y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) forma parte de un seguimiento penal iniciado en 2018 sobre una presunta red internacional de blanqueo vinculada a empresarios.
El examen técnico del móvil se llevó a cabo en 2021 durante una instrucción separada por contrabando en territorio estadounidense.
No obstante, el análisis de las comunicaciones internas desveló registros vinculados a la planificación de transferencias monetarias, la solicitud de créditos financieros bajo sospecha y la estructuración de transacciones económicas asociadas de forma directa a la aerolínea rescatada, lo que motivó el interés de la justicia española.
La documentación policial aportada a la causa detalla múltiples conversaciones escritas entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
En estos diálogos, de acuerdo con los informes de la UDEF recopilados por agencias de noticias, se abordaba de manera explícita la búsqueda de contactos institucionales de alto nivel para facilitar la obtención de subvenciones públicas y líneas de financiación preferente durante la crisis del sector aéreo.
Los informes de control telefónico adjuntados recogen menciones explícitas a diversos representantes públicos de ambos países.
Las transcripciones policiales señalan que los investigados sopesaron vías de interlocución que incluían la mediación de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el Ministerio de Transportes liderado entonces por José Luis Ábalos, así como referencias a entornos próximos al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para agilizar los trámites institucionales del rescate.
La causa principal analiza la legalidad del rescate financiero otorgado a la aerolínea por un valor de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El tribunal evalúa si las ayudas cumplieron con los baremos normativos vigentes o si existieron irregularidades administrativas.
Con este nuevo requerimiento a Washington, el magistrado de la Audiencia Nacional busca blindar la validez procesal de las pruebas digitales recopiladas en el extranjero. El fin es determinar la existencia de presuntos delitos de blanqueo de capitales, evasión de sanciones internacionales y tráfico de influencias en el marco de las ayudas públicas concedidas.
Con información de El Economista
