Venezuela: gobierno de Delcy Rodríguez entrega a Alex Saab a EEUU por lavado de dinero

El caso del empresario de origen colombiano Alex Saab ha registrado un desenlace definitivo tras su deportación el pasado sábado desde Venezuela hacia Estados Unidos (EEUU). El exministro venezolano, presunto "testaferro" de Nicolás Maduro, se presentó este lunes ante una corte federal de Miami para enfrentar cargos por lavado de dinero, apenas 48 horas después de que una aeronave oficial estadounidense despegara desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con rumbo a Florida.

Esta entrega cierra un ciclo que comenzó en junio de 2020 con su detención en Cabo Verde a petición de Washington, su posterior extradición a EEUU en 2021, su liberación mediante un canje de prisioneros a finales de 2023 y su reciente arresto de tres meses en las sedes policiales de El Helicoide y Fuerte Tiuna, según recoge Tal Cual Digital.

La medida administrativa fue ratificada por el Servicio Saime y defendida públicamente por la encargada del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez. De acuerdo con la información que recoge DW, las autoridades de Caracas justificaron la entrega basándose estrictamente en los "intereses nacionales", despojando al investigado de las prerrogativas políticas que poseía en el pasado.

Según ha informado DW en una publicación, la magistrada Marty Fulgueira Elfenbein dictaminó que el procesado permanecerá bajo custodia federal y sin derecho a fianza en una prisión de Florida hasta la celebración de la próxima audiencia intermedia.

Cargos por corrupción y desvío de fondos

La acusación formal tramitada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida detalla que el procesado, de 54 años, lideró una red de lavado de activos y conspiración financiera de alcance internacional.

Según los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las operativas ilícitas incluyeron la manipulación y explotación de los programas estatales de asistencia alimentaria en Venezuela.

Las autoridades fiscales sostienen que se emplearon corporaciones pantalla y documentación aduanera falsificada para desviar fondos públicos hacia cuentas del sistema bancario estadounidense.

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El Fiscal General Adjunto, Andrew Tysen Duva, especificó en un comunicado oficial que la trama delictiva se extendió progresivamente para abarcar transacciones vinculadas a la comercialización irregular de crudo, especialmente tras el endurecimiento de las sanciones financieras internacionales.

De ser hallado culpable por el tribunal de Miami, el empresario de origen colombiano podría afrontar una condena máxima de 20 años en un centro penitenciario federal, según recoge DW.

El contexto de la ruptura política

Este escenario se produce tras meses de negociaciones confidenciales entre representantes de Washington y Caracas, en un entorno marcado por la detención de Nicolás Maduro y la posterior reestructuración del gabinete venezolano.

Las tensiones internas alcanzaron su punto crítico tras el decomiso, por parte de fuerzas navales internacionales, de buques petroleros asociados a la gestión del empresario.

Esta situación derivó en su destitución del Ministerio de Industria y Producción Nacional, la remoción de sus familiares de altos cargos públicos y la apertura de investigaciones administrativas en territorio venezolano sobre sus actividades mercantiles.

Ilegalidad en la documentación venezolana

El Gobierno venezolano ha modificado radicalmente su postura de defensa jurídica respecto a la inmunidad diplomática que alegó en los litigios anteriores.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, argumentó en rueda de prensa que las inspecciones detalladas en los registros de identificación Civil demostraron que el empresario utilizaba una cédula de identidad "fraudulenta" desde el año 2004.

Al no existir antecedentes administrativos válidos que certificaran la obtención legítima de la ciudadanía venezolana, las autoridades ministeriales procedieron a calificarlo exclusivamente como un súbdito extranjero de nacionalidad colombiana.

El Ejecutivo regional enfatizó que los cargos pendientes en el Distrito de Florida constituyen asuntos estrictamente bilaterales entre la justicia estadounidense y el procesado, desvinculando formalmente al Estado venezolano de las responsabilidades derivadas del juicio penal en el extranjero.

Con información de Tal Cual Digital