El Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de la nueva Ley del Tabaco, iniciativa legislativa que inicia formalmente su proceso de tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. La normativa legal entrará en vigor exactamente a los 20 días de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez completados los debates y votaciones correspondientes en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Tras la promulgación oficial en el boletín estatal, los establecimientos públicos y comerciales de todo el país dispondrán de un plazo reglamentario de dos meses para adaptar plenamente toda su señalización informativa sobre las nuevas restricciones aplicables.
La reforma legal amplía de manera drástica las zonas donde no se podrá consumir tabaco, equiparando por completo los cigarrillos tradicionales a los dispositivos electrónicos, vapers con o sin nicotina y productos derivados. El texto normativo establece una prohibición explícita de fumar y vapear en una amplia variedad de recintos:
Hostelería y restauración: Terrazas de bares, restaurantes y cualquier tipo de establecimiento destinado a la restauración.
Espacios acuáticos: Playas marítimas y fluviales, junto a piscinas de uso colectivo.
Ámbitos educativos: Campus universitarios y patios escolares al aire libre.
Instalaciones deportivas y espectáculos: Estadios, recintos deportivos y sus accesos directos, tanto cubiertos como al aire libre, además de conciertos, festivales, cines y teatros celebrados en exteriores.
Transportes y entorno laboral: Marquesinas y andenes de espera en el transporte público aunque se encuentren a cielo abierto, parques nacionales protegidos y vehículos de trabajo compartidos, como taxis, VTC y vehículos comerciales, salvo que su uso sea estrictamente personal.
Asimismo, la legislación delimita un radio de protección reforzada de 15 metros respecto a los accesos principales de edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, museos, bibliotecas y parques infantiles.
Una de las principales novedades de la legislación es la prohibición expresa del consumo de tabaco y vapeadores a menores de 18 años, superando la regulación anterior que únicamente vetaba su venta o suministro. En el caso de que un menor de edad infrinja esta prohibición legal, sus padres o tutores legales asumirán de forma directa la responsabilidad financiera de la sanción económica impuesta por las autoridades.
Adicionalmente, el Ejecutivo acordó la prohibición total en el mercado de los vapeadores desechables, debido a su elevado impacto ecológico y su facilidad para atraer al público joven. De forma paralela, la norma veta cualquier tipo de promoción directa o indirecta en internet, erradicando la publicidad realizada por influencers y los patrocinios en redes sociales.
Respecto al régimen disciplinario, la ley contempla un abanico de sanciones económicas que variarán según la gravedad de la falta cometida en cada caso:
Infracciones leves: Multas financieras que parten desde los 200 euros.
Infracciones muy graves: Penalizaciones severas que pueden alcanzar un tope máximo de 600.000 euros.
El proyecto legislativo pasará ahora al debate y votación en el Parlamento antes de su aplicación definitiva.
Con información de Marca
