El eco de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein ha vuelto a resonar con fuerza en West Palm Beach, el mismo escenario donde hace casi dos décadas se fraguó el polémico acuerdo que permitió al financista eludir una condena federal severa.
En una audiencia extraoficial organizada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cinco sobrevivientes han alzado la voz para exigir que la administración de Donald Trump reabra las investigaciones. El reclamo es nítido: la muerte de Epstein en 2019 no debe significar el cierre de una causa que, según las víctimas, aún protege a figuras poderosas.
A escasos kilómetros de Mar-a-Lago, residencia del actual mandatario y lugar donde varias de las mujeres fueron captadas, los testimonios revelaron una estructura de impunidad que trasciende al agresor. Dani Hannah Bensky, víctima entre 2004 y 2005, describió un sistema que, lejos de protegerla, la interrogó como si fuera una criminal.
“Las fallas profundas de nuestro sistema permitieron que personas como Jeffrey prosperaran”, denunció Bensky, advirtiendo que, sin una rendición de cuentas real, el surgimiento de un nuevo depredador con el mismo perfil es solo cuestión de tiempo.
La desprotección institucional fue el eje central de la jornada. Roza, una joven captada en Uzbekistán por el agente de modelos Jean-Luc Brunel, relató cómo Epstein utilizó su vulnerabilidad migratoria para retenerla en Florida durante tres años, período en el que el financista disfrutaba de libertad condicional gracias al pacto negociado.
La sobreviviente cuestionó con dureza la transparencia del Departamento de Justicia: mientras el Gobierno difundía su nombre centenares de veces en documentos públicos, las identidades de los cómplices influyentes permanecían bajo un opaco anonimato.
Esta audiencia ocurre en un momento de alta tensión política para la administración Trump. Aunque el Departamento de Justicia ha intentado dar por concluidas las pesquisas tras las sentencias de Epstein y Ghislaine Maxwell, el congresista Robert Garcia sostiene que la red de tráfico sexual más extensa de la historia de Estados Unidos no ha sido desmantelada por completo.
El comité espera ahora la declaración de la exfiscal general Pam Bondi, cuya comparecencia inicial fue evitada pese a las citaciones oficiales, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento en las altas esferas del poder.
Para comprender el origen de esta indignación, es necesario recordar que la fiscalía de Florida tuvo en sus manos un borrador con 60 cargos federales en 2007. Sin embargo, se optó por un acuerdo secreto que permitió a Epstein salir de prisión en menos de 13 meses tras declararse culpable de cargos menores de prostitución.
El abogado Spencer Kuvin calificó este pacto como un insulto a las menores que nunca fueron consultadas, un vacío legal que permitió que el trauma de las víctimas se extendiera durante 30 años de omisiones deliberadas por parte del FBI.
El clamor por la justicia hoy se traduce en una demanda de dignidad. Maria Farmer, la primera mujer en denunciar a Epstein en 1996, resumió el sentimiento de las sobrevivientes al preguntar entre lágrimas por qué su informe completo sigue sin ver la luz.
Para estas mujeres, la justicia no es una compensación económica, sino el cumplimiento de la Ley de Derechos de las Víctimas y la garantía de que ninguna otra joven sea reclutada en salones de lujo para alimentar una red de abusos protegida por el silencio político.
Con información de Independent en Español
