El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024, pero lo ha hecho revelando una división profunda entre sus consejeros. La controversia, de la que se hace eco Artículo 14 a partir de la publicación de El Mundo, reside en la detección de movimientos de crédito que redirigieron fondos europeos, originalmente destinados a la transformación económica, hacia la cobertura de necesidades urgentes de la Administración Central, incluyendo el sistema público de pensiones.
La fractura en el seno del tribunal se hizo evidente el pasado martes durante la votación del pleno. Por primera vez en la historia del organismo, se registró un voto en contra de una Cuenta General, protagonizado por el consejero Javier Morillas, al que se sumó un voto concurrente del bloque de consejeros propuestos por el Partido Popular.
El sector crítico sostiene que no es posible avalar unas cuentas deterioradas por la prórroga presupuestaria y por lo que consideran "desviaciones indebidas". Según estas fuentes, el Ejecutivo habría vulnerado las limitaciones de uso de los fondos Next Generation, diseñados exclusivamente para hitos y reformas, no para el gasto corriente.
La arquitectura del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) es estricta: cada euro está vinculado a proyectos de inversión concretos para evitar que la ayuda comunitaria se diluya en el funcionamiento ordinario del Estado.
El informe fiscalizador sugiere que, ante la ausencia de unas cuentas públicas actualizadas, la Administración recurrió a recursos no adjudicados para sostener obligaciones estructurales. Esta práctica no solo contraviene el espíritu de las transferencias europeas, sino que abre un debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en un contexto de bloqueo legislativo.
Más allá del marco macroeconómico, la fiscalización ha puesto la lupa sobre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), especialmente en su actividad en Melilla. El informe detecta que el 93% de los suministros se gestionaron mediante compras directas, eludiendo los procesos de licitación pública que garantizan la transparencia.
Además, se denuncia una temporalidad laboral del 23%, triplicando el límite legal establecido, y fallos sistémicos en el control de contratos externos de servicios básicos como limpieza y seguridad, donde se han registrado prolongaciones irregulares de gasto.
Este escenario de excepcionalidad contable se produce en un año en el que la prórroga de los Presupuestos Generales ha limitado la capacidad de maniobra del Tesoro, forzando, según los críticos, un uso creativo de las partidas disponibles.
La fiscalización advierte que la falta de una planificación financiera sólida no solo debilita el control interno, sino que compromete la transparencia exigida por Bruselas para el desembolso de futuros tramos de ayuda económica.
La resolución del Tribunal de Cuentas, aunque valida formalmente la contabilidad estatal, deja un rastro de advertencias que afectarán al debate político inmediato. La función del órgano no es juzgar la oportunidad política, sino la legalidad financiera, y en este caso, la coincidencia de criterios sobre la falta de rigor presupuestario es alarmante.
Con información de Artículo 14
