La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrojado este lunes una luz cruda sobre el funcionamiento interno de la presunta red de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes. Durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo, los investigadores han rechazado de plano cualquier sombra de duda sobre la custodia de las pruebas y han situado al exministro José Luis Ábalos en el epicentro de la estructura.
Según el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la investigación económica, el papel del antiguo titular de la cartera fue “fundamental”, subrayando que, en este entramado, la jerarquía seguía una máxima inapelable: “El que paga, manda, y ese es Aldama”.
La sesión ha servido para que la Benemérita ratifique la integridad de los dispositivos incautados a Koldo García, exasesor de Ábalos. Ante los intentos de las defensas por invalidar las grabaciones, los agentes han subrayado que es “imposible” que se haya producido una manipulación del contenido o una alteración remota mediante software.
Esta contundencia técnica busca blindar el núcleo de la prueba de cargo, que incluye audios y mensajes que detallan no solo la actividad pública de los acusados, sino aspectos de la esfera patrimonial privada del exministro que su asesor gestionaba con absoluta normalidad.
El retrato de la organización dibujado por el teniente coronel Balas presenta a un Víctor de Aldama con una autoridad casi despótica sobre el aparato ministerial. El empresario, al que los agentes atribuyen el control financiero de la red, no solo exigía prebendas como salvoconductos en plena pandemia, sino que llegaba a presionar e insultar para agilizar gestiones, como las vinculadas al préstamo de Air Europa.
Los investigadores sostienen que Ábalos y Koldo nunca mostraron reticencia alguna ante estas exigencias, actuando como ejecutores de una voluntad marcada por quien sostenía los pagos.
Uno de los puntos más sensibles de la comparecencia ha sido la revelación del uso de "cafeteras", término con el que la trama denominaba a teléfonos móviles desechables. Estos terminales, presuntamente facilitados por un agente de la Guardia Civil bajo sospecha, contaban con aplicaciones de mensajería encriptada como Signal para evitar el rastreo de sus conversaciones.
Según la UCO, tanto Ábalos como Koldo y Aldama utilizaban estos dispositivos para coordinar sus acciones, deshaciéndose de ellos tras un uso breve para dificultar la labor de inteligencia.
Esta causa no solo evalúa el presunto enriquecimiento ilícito durante la emergencia sanitaria, sino que pone a prueba la independencia de los cuerpos policiales y la solidez del sistema de fiscalización ante la permeabilidad de las instituciones de alto nivel frente a intereses privados.
Finalmente, la UCO ha incidido en que Ábalos era el encargado de realizar "lo más grande": abrir la puerta a negocios inaccesibles para sus socios. "Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra", ha sentenciado Balas, vinculando los 10.000 euros mensuales que presuntamente recibía Koldo de forma recurrente con el engranaje que sostenía el nivel de vida y el patrimonio del exministro.
Para los investigadores, la capacidad de la red para llegar incluso hasta el protocolo de la presidencia del Gobierno evidencia una influencia que trascendía lo personal para convertirse en una herramienta de mandato estructural.
Con información de Europa Press
