El empresario de origen colombiano y exministro de Venezuela Alex Saab se ha declarado culpable este martes 15 de septiembre ante la Justicia de Estados Unidos (EEUU) por los delitos de conspiración para el lavado de dinero y ejecución de transacciones financieras ilícitas.
Según la información difundida por la cadena CNN, el acusado formalizó un cambio de postura procesal frente al tribunal federal de Miami, dejando atrás la declaración de inocencia prestada a finales de julio tras alcanzar un acuerdo formal con la fiscalía norteamericana.
En virtud de la negociación judicial suscrita, el procesado se ha comprometido a entregar cerca de 195 millones de dólares entre dinero en efectivo y bienes de su propiedad, aceptando la imposibilidad legal de revertir su admisión de culpabilidad.
A pesar de este consenso entre las partes, Saab se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, cuya sentencia definitiva se dará a conocer a mediados de enero.
Asimismo, según recoge CNN, el marco del acuerdo también podría contemplar la imposición de una multa de 500.000 dólares y el decomiso equivalente al doble de sus activos patrimoniales.
La comparecencia del imputado, de 54 años, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, vistiendo el uniforme de prisionero y acompañado por su equipo de letrados.
La aceptación del esquema delictivo salpica a cuatro presuntos cómplices cuyos nombres se mantienen bajo reserva judicial.
Saab, señalado históricamente por las autoridades estadounidenses como supuesto testaferro de Nicolás Maduro, había sido deportado nuevamente a suelo norteamericano el pasado mes de mayo tras ser cesado en enero de sus funciones al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional de Venezuela.
El escrito de acusación presentado por los fiscales sostiene que entre octubre de 2015 y enero de este año, los imputados estructuraron una red fraudulenta para enriquecerse mediante el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa estatal de distribución alimentaria en Venezuela.
El expediente señala que los involucrados "abonaron sobornos a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de contratos gubernamentales para la importación de alimentos" mediante operaciones comerciales irregulares.
Asimismo, la fiscalía también afirma que, posteriormente, a partir de 2019 y ante la intensificación de las sanciones económicas internacionales, el grupo aprovechó su influencia en la administración venezolana para acceder a la comercialización del petróleo de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La investigación detalla la ejecución de transferencias bancarias dentro y fuera de Estados Unidos para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos.
El proceso judicial actual contrasta con el historial reciente del procesado, quien tras su detención en Cabo Verde en 2020 y extradición en 2021, recibió un indulto presidencial de Joe Biden en 2023 dentro de un canje humanitario.
Sin embargo, tras la salida de Maduro del poder, el Ejecutivo venezolano liderado por Delcy Rodríguez autorizó su nueva entrega a las autoridades norteamericanas.
Paralelamente, representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela distanciaron al chavismo de la defensa del exfuncionario, sosteniendo que la extradición se ajusta a derecho y cuestionando la autenticidad de su documentación de identidad.
Mientras tanto, Nicolás Maduro continúa bajo custodia en la ciudad de Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico, imputaciones de las que se ha declarado inocente.
Con información de CNN
