Aprobada la regularización extraordinaria: 500.000 migrantes podrán cotizar desde el 16 de abril

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto histórico que redefine la política de integración en España. La normativa, diseñada para la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 personas en situación administrativa irregular, introduce un cambio de paradigma: la mera admisión a trámite de la solicitud habilitará al interesado para establecer una relación laboral legal de forma inmediata.

Esta medida busca atajar la precariedad y responder a la demanda de mano de obra en sectores clave, permitiendo que el solicitante se dé de alta en la Seguridad Social sin esperar a la resolución definitiva de su expediente.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que el texto entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activando un calendario administrativo frenético.

Las solicitudes telemáticas comenzarán este jueves 16 de abril a través de la sede electrónica del Ministerio, seguidas por la apertura de citas presenciales el próximo día 20. El Ejecutivo ha fijado el 30 de junio como fecha límite para la presentación de expedientes, con el compromiso de resolver la totalidad de las peticiones en un plazo máximo de tres meses, otorgando permisos de residencia con una vigencia inicial de un año.

Esta reforma atiende a las insistentes peticiones de organizaciones empresariales como la CEOE y Foment del Treball, que urgían a orientar la regularización hacia el mercado laboral.

Incertidumbre en la regularización de extranjeros: el Gobierno retrasa los plazos

La arquitectura del decreto garantiza que, si una solicitud es admitida, es debido a que la documentación preliminar es correcta, lo que reduce el riesgo de denegaciones posteriores. En el caso excepcional de que el permiso sea rechazado, el trabajador tendrá la obligación de notificarlo a su empleador, revirtiendo automáticamente a su situación administrativa anterior.

La seguridad jurídica ha sido uno de los pilares más debatidos del texto. Atendiendo a las advertencias del Consejo de Estado, el Gobierno ha eliminado la posibilidad de utilizar declaraciones responsables para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Los solicitantes deberán aportar certificados oficiales que demuestren que no representan una amenaza para el orden público. En caso de retrasos en la expedición de estos documentos por parte de sus países de origen, el Ministerio abrirá plazos de subsanación de hasta tres meses, seguidos de un período de gracia final de 15 días antes de desestimar la petición.

En el actual contexto demográfico y económico de 2026, esta regularización no solo se percibe como un acto de justicia social, sino como una necesidad estructural para sostener el sistema de pensiones y la productividad nacional.

El reglamento otorga, además, una protección reforzada a los colectivos más vulnerables. Los menores de edad recibirán autorizaciones de residencia por un período de cinco años, quedando exentos de la mayoría de los requisitos burocráticos exigidos a los adultos. 

Con esta maniobra, España busca transformar una realidad de invisibilidad en una oportunidad de cotización y derechos, apostando por un modelo donde la legalidad sea la puerta de entrada directa al mercado de trabajo y no una meta inalcanzable tras años de espera.

Con información de El Economista