La investigación sobre la presunta red de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un vuelco hacia la gestión de las infraestructuras públicas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda ha decidido imputar formalmente a José María Arrabal, expresidente de la sociedad que gestiona el estadio de La Cartuja, y a su actual gerente, Daniel Oviedo.
Esta nueva ramificación del proceso busca determinar si ambos directivos se lucraron de forma irregular a través de las obras de remodelación ejecutadas en el recinto sevillano para la Eurocopa 2021.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge EFE, señala indicios de un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente".
El foco de la sospecha recae sobre contratos valorados en unos 3,3 millones de euros adjudicados a la constructora Gruconsa.
Estas partidas estaban destinadas a la adecuación crítica de la sala de prensa, los sistemas de iluminación y los tornos de acceso, financiadas en gran medida por una subvención excepcional de 4,9 millones de euros otorgada por la Junta de Andalucía tras la designación del estadio como sede de la UEFA.
Un dato que ha resultado determinante para la magistrada es el incremento patrimonial de los investigados en fechas clave. Según la UCO, tanto Arrabal como Oviedo adquirieron propiedades inmobiliarias en Málaga y Sevilla a finales de 2021.
Las pesquisas subrayan que, en ambas operaciones, los implicados abonaron en efectivo —fuera del flujo hipotecario— cantidades cercanas a los 53.000 euros, cuyo origen la justicia intenta ahora rastrear mediante la apertura de una pieza separada de carácter secreto.
Las conexiones del caso apuntan nuevamente al círculo íntimo de Luis Rubiales. Los investigadores vinculan estas obras con la gestión de Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', y el abogado Tomás González Cueto.
Se sospecha que estos últimos habrían operado de forma coordinada con los altos cargos de La Cartuja para facilitar las adjudicaciones a Gruconsa, incluso permitiendo que los trabajos comenzaran antes de que existiera un contrato formal firmado entre las partes involucradas.
El estadio de La Cartuja, concebido originalmente para el Mundial de Atletismo de 1999, fue designado como sede fija de finales de Copa del Rey y partidos de la Selección ha inyectado millones en fondos públicos, un flujo que ahora está bajo estricto escrutinio judicial por presuntas irregularidades administrativas.
Por su parte, la constructora Gruconsa mantiene una postura de defensa absoluta de su gestión. Fuentes de la empresa insisten en que sus ofertas se ajustaron siempre a los precios de mercado y que la celeridad en la adjudicación respondió exclusivamente a la urgencia impuesta por la UEFA.
Argumentan, además, que su facturación con la RFEF apenas representa un 2,7% de su volumen total, aportando un informe pericial para desvincular sus beneficios de cualquier trama de favores políticos o deportivos.
La magistrada ha ordenado a los agentes de la UCO proceder al análisis de dispositivos electrónicos y, como novedad en la instrucción, a la búsqueda de posibles monederos virtuales de criptomonedas pertenecientes a los investigados.
El objetivo final es blindar la trazabilidad del dinero y confirmar si el "modelo de negocio" de la Supercopa se replicó también en las paredes del estadio olímpico de Sevilla.
Con información de EFE
