La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un paso definitivo en la configuración del actual tablero político del país. Este jueves, el Parlamento aprobó por unanimidad una ley de amnistía destinada a los ciudadanos procesados o condenados por causas políticas en los períodos de conflictividad comprendidos entre 2002 y 2025.
Sin embargo, el texto legal establece una línea roja infranqueable: el perdón no alcanzará a quienes hayan promovido o ejecutado acciones armadas, actos de fuerza contra la soberanía o delitos que comprometan la integridad territorial del Estado suramericano.
El marco jurídico de esta medida es restrictivo y selectivo. Según el artículo 9 de la normativa, quedan explícitamente fuera de este beneficio los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales y tráfico de drogas.
Además, la ley cierra la puerta a cualquier individuo que haya facilitado o financiado intervenciones extranjeras, ya sea a través de corporaciones o Estados ajenos, subrayando un enfoque de justicia que prioriza la estabilidad institucional sobre una liberación generalizada.
Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la aprobación como una vía para el "reencuentro" nacional.
La mandataria, quien rubricó la norma acompañada por las figuras clave del chavismo, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, enfatizó la necesidad de un perdón mutuo para erradicar la intolerancia.
En este nuevo ciclo, la gestión gubernamental busca canalizar la convivencia pacífica, solicitando a los órganos de justicia evaluar casos específicos que, aunque no figuren en la ley, requieran una revisión para "curar heridas" sociales.
En el ámbito civil, el anuncio provocó reacciones inmediatas. En las cercanías del comando conocido como Zona 7 en Caracas, familiares de los detenidos celebraron entre lágrimas la noticia, confirmando además el cese de la huelga de hambre que mantenían varias mujeres desde el pasado sábado.
La liberación del opositor Juan Pablo Guanipa, producida pocas horas después del debate parlamentario, ha sido interpretada como el primer efecto tangible de este decreto, en un contexto donde el Foro Penal aún contabiliza más de 600 presos políticos en las cárceles del país.
Para comprender la celeridad de esta medida, es fundamental señalar que Venezuela atraviesa un proceso de transición tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense.
Este suceso alteró la jerarquía del poder y obligó al Ejecutivo encargado a buscar mecanismos de legitimación y distensión interna para evitar un colapso total de la gobernabilidad.
No obstante, el optimismo no es unánime. Organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón han manifestado serias reservas, calificando la ley de "revictimizante" y "sesgada".
Paralelamente, el jefe del Parlamento admitió por primera vez el "mal uso" de la Ley contra el Odio, abriendo la posibilidad de una reforma que mitigue las penas de hasta 20 años que actualmente asfixian el debate político.
Con información de EFE
