La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido una denuncia de calado internacional que sitúa a Julio Iglesias en el centro de una presunta trama de explotación y violencia.
Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, en una investigación exclusiva y conjunta con Univision, dos mujeres que trabajaron para el cantante en sus residencias de República Dominicana y Bahamas aseguran haber sido víctimas de una estructura de "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado".
El escrito no solo señala al artista como autor principal, sino que incluye a dos encargadas de sus mansiones como presuntas colaboradoras en un esquema que la acusación define como "grupo criminal".
Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su integridad, describen un escenario de control absoluto durante el año 2021.
Según sus testimonios, el ambiente laboral estaba marcado por una "intimidación ambiental" constante, donde el cantante presuntamente las presionaba para mantener encuentros sexuales. Los hechos denunciados incluyen agresiones sexuales con y sin penetración, tocamientos, bofetadas y vejaciones tanto físicas como verbales.
Rebeca ha manifestado que el objetivo de esta acción legal es evitar la impunidad: “Que sepa que lo que hacía allí tiene una consecuencia”.
La organización internacional Women’s Link Worldwide, que ampara a las víctimas, sostiene que concurren todos los elementos del delito de trata: captación, traslado y alojamiento bajo engaño para la explotación.
Las abogadas subrayan que Iglesias se habría valido de su posición de extrema superioridad para imponer condiciones de "servidumbre". Además, aluden a delitos de lesiones —citando moretones y mordeduras— y violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores, como la ausencia de contratos legales y la privación de descansos, aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica de las empleadas.
Dada la enorme capacidad de influencia del artista, la denuncia solicita medidas urgentes de protección para Laura y Rebeca. La defensa argumenta que existe un temor fundado a represalias que puedan afectar su seguridad y estabilidad emocional.
La nacionalidad española de Julio Iglesias permite que la Audiencia Nacional ejerza su jurisdicción, a pesar de que los presuntos delitos ocurrieran en el extranjero.
Hasta el momento, y tras varios intentos de contacto por parte de los diarios que lideran la investigación, ni el cantante ni su equipo legal han emitido respuesta alguna a las acusaciones.
Un aspecto clave del escrito judicial es la invocación de la "intimidación ambiental" para calificar las agresiones. Las abogadas explican que, bajo el Código Penal vigente en 2021, la atmósfera de miedo creada por la presencia de superiores jerárquicos durante los actos sexuales anulaba la capacidad de resistencia de las víctimas.
Este concepto jurídico, ya utilizado en casos de gran impacto social en España, pretende demostrar que la coacción psicológica es tan determinante como la violencia física explícita en un entorno de poder absoluto como el que rodeaba al cantante.
Con información de El Diario.es
