Tras nueve años de incertidumbre, la justicia reconoce el secuestro forzado del pastor Raymond Koh en Malasia

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Superior de Malasia dictó un fallo sin precedentes en el que determinó que una brigada especial de élite de la policía malasia fue responsable del secuestro de Raymond Koh en 2017, marcando el primer caso de desaparición forzada examinado por un tribunal en el país.

Después de casi una década de denuncias y esfuerzos, Susanna Liew, esposa de Koh, se presentó ante las cámaras del tribunal y con la voz entrecortada expresó “hoy el tribunal ha dictado sentencia sobre lo que siempre hemos creído: que el pastor Raymond Koh fue víctima de una grave injusticia”.

El 13 de febrero de 2017, Raymond Koh, de 63 años, fue arrancado de su automóvil por hombres enmascarados en un suburbio de Kuala Lumpur, en un operativo meticuloso captado por cámaras de seguridad. El video, difundido ampliamente, conmocionó a la nación y expuso una trama que vinculaba a las fuerzas de seguridad con el crimen.

Durante años, Liew pasó de ser la esposa de un pastor poco conocido a una activista incansable. “Una voz dentro de mí me decía: ‘Se lo llevaron en secreto, pero yo haré que todo el mundo lo sepa’”, relató a la BBC tras la victoria legal.

Dos investigaciones oficiales independientes concluyeron que la policía consideraba a Koh una amenaza al islam, la religión mayoritaria en Malasia. En 2011, el pastor había enfrentado cargos de apostasía por organizar un evento interreligioso. Según testimonios recogidos por la Comisión de Derechos Humanos, los interrogatorios a Liew se centraron en si su esposo intentaba convertir musulmanes al cristianismo, una línea de investigación ordenada por superiores.

Un punto de quiebre llegó en 2018, cuando un sargento de policía confesó a la esposa de otro desaparecido, Amri Che Mat secuestrado en 2016 de manera casi idéntica, que la brigada especial estaba detrás de ambos casos. La pista de un Toyota Vios dorado, avistado en las dos desapariciones, llevó a los investigadores hasta un hombre vinculado a la misma unidad policial. 

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En 2019, la comisión de derechos humanos determinó que Koh y Amri Che Mat fueron perseguidos por autoridades religiosas y policiales por “asuntos contra el islam”. Un año después, un informe gubernamental señaló a “policías corruptos irresponsables” y nombró como principal interesado a Awaludin bin Jadid, exjefe de la brigada contra el extremismo, acusado de tener “opiniones extremas” contra el chiismo y el cristianismo.

En 2020, Liew demandó al Estado, a la Real Policía de Malasia y a varios altos mandos. El mes pasado, el Tribunal Superior les declaró responsables y ordenó al gobierno pagar una indemnización multimillonaria. Además, se impuso una sanción única: unos 2.385 dólares por cada día de desaparición de Koh, suma que ya supera los siete millones de dólares. Este sería el pago más alto en la historia jurídica malasia, aunque el gobierno ha anunciado que apelará el veredicto.

“Estamos congelados en el duelo... Si supiéramos que está muerto y tuviéramos su cuerpo, al menos podríamos enterrarlo y seguir con nuestras vidas. Pero ahora estamos en un limbo”, confesó Liew. A pesar del dolor, Liew afirmó no sentir más odio por los implicados: “Durante el juicio, al principio sentí ganas de apretarles el cuello… pero me di cuenta de que no sentía odio”.

Actualmente, la activista exige la creación de un organismo disciplinario para supervisar a la policía y un grupo de trabajo para localizar a su esposo. Hasta el momento, ninguno de los agentes señalados ha sido arrestado, por el contrario, uno fue ascendido.