El Gobierno ha lanzado un aviso contundente a las plataformas de alquiler vacacional. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo exige a Airbnb que bloquee alrededor de 66.000 anuncios "ilegales" de apartamentos turísticos repartidos por España.
El Ministerio de Consumo acaba de recordarle a Airbnb que debe bloquear 65.935 publicaciones que, en opinión de los técnicos del departamento de Pablo Bustinduy, pueden considerarse "ilegales".
En ocasiones anteriores, el Gobierno ya había solicitado a la plataforma de alquiler la eliminación de esas publicaciones, pero ahora lo hace con un argumento de peso a su favor: una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia.
Desde Consumo recuerdan que a lo largo de los últimos meses sus técnicos han enviado tres resoluciones a Airbnb en las que ordenan a la plataforma que elimine 66.000 anuncios de pisos. Sin embargo, sus responsables comparten el criterio de Consumo y han recurrido la orden ante la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado y le ha dado la razón a Consumo en una resolución que afecta a una primera tanda de 5.800 anuncios de casas repartidas por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares.
En opinión del Gobierno, esas publicaciones no respetan las normas que deben cumplir los alojamientos vacacionales si quieren anunciarse. "En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales", concretan desde el ministerio.
Para ser más precisos, Consumo considera que incumplen tres pautas clave. La principal es no incluir el número de licencia o registro, una obligación recogida en varias normativas autonómicas y que supone "la infracción más común" detectada por el ministerio.
La segunda es que los anuncios no precisan si la vivienda la está alquilando una empresa o particular. Por último los funcionarios también han detectado que (al menos en algunos anuncios) se incluye una licencia que no se corresponde con la expedida por las autoridades, la tercera infracción.
Por su parte, Airbnb dice que está dispuesta a dar la batalla. En declaraciones recogidas por La Razón, la plataforma asegura que "continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso" y acusa a Consumo de haber empleado una "metodología indiscriminada", incluyendo tanto "anuncios que muestran licencias" como "otros que podrían no necesitarla, como arrendamientos de temporada".
"También ha ignorado de forma deliberada resoluciones del Supremo que dejan claro que no todos los anuncios de Airbnb requieren número de registro", añade.
El Gobierno, al igual que otras administraciones regionales, lleva tiempo pendiente de los pisos turísticos, entre otras razones por las tensiones que genera en el mercado residencial.
Una de sus iniciativas más ambiciosas consiste en un registro único de alquileres vacacionales que busca centralizar la gestión, que todos los pisos registrados tengan licencia y que plataformas como Booking o la propia Airbnb velen por que las viviendas anunciadas cumplen las directrices que marca la ley para el alquiler.
El aviso lanzado por Consumo es importante por otra razón, más allá de la posibilidad de retirar casi 66.000 viviendas del mercado del alquiler turístico, supone un nuevo toque de atención que se añade al expediente sancionador abierto a finales de 2024 a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por incumplir la normativa sobre publicidad o los activados el pasado febrero.
Con información de Xataka
