El gobierno de Nicaragua ordenó la clausura de 1.500 oenegés, la mayoría religiosas, como parte, dicen los opositores, de una arremetida contra grupos que considera hostiles al presidente Daniel Ortega.
Así, suman más de 5.200 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, pero la del lunes es la mayor clausura que ocurre de una sola vez. Con el cierre masivo, anunciado el lunes, el gobierno cancela la personería de las asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.
La clausura ocurre tres días después de nuevas normas gubernamentales que obligan a las ONG a trabajar “en alianza” con el Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
“A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación’”, dijo el viernes pasado la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
El gobierno acusa a las organizaciones de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”. Entre las oenegés afectadas destacan la Cruz Roja nicaragüense, clubes de ajedrez, rotarios, asociaciones de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
La disolución de las organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial de Nicaragua.
Desde las protestas contra el régimen sandinista de 2018, el gobierno ha encarcelado a cientos de críticos, y ha llevado a cabo una represión que, según la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) ha dejado más de 350 muertos. El año pasado, el gobierno expulsó a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas, acusándolos de traición. También en 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego expulsados del país y enviados al Vaticano.
Con información BBC Mundo
