
El Gobierno aprueba dos nuevos decretos de vivienda tras el anuncio del adelanto electoral

Tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos reales decretos ley enfocados en el sector de la vivienda.
En comparecencia pública realizada tras la reunión ministerial, el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, presentó el paquete de medidas legislativas, las cuales sustituyen a las iniciativas que no alcanzaron el respaldo parlamentario el viernes pasado.
Según recoge
Medidas principales y novedades de los decretos
Durante su intervención, el mandatario defendió la implementación de los textos argumentando que responden a la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario e incrementar la oferta de inmuebles.
Las iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros abarcan diversos aspectos económicos, fiscales y normativos:
Incentivos fiscales y compra: Deducciones en la declaración de la Renta de hasta 1.000 euros para pequeños propietarios e incentivos para el alquiler asequible.
Financiación para primera vivienda: Creación de una línea gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 10.000 millones de euros en préstamos sin intereses, de hasta 50.000 euros, destinados a la adquisición de la primera vivienda.
Avales y vivienda pública: Destinación de 280 millones de euros en avales para la construcción y 400 millones de euros para proveedores de vivienda social, junto con la adquisición de inmuebles procedentes de la Seguridad Social a través de Casa 47.
Prórroga de contratos: Extensión por un periodo de dos años en los contratos de arrendamiento para aquellos inquilinos que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas.
Regulación y fiscalidad: Medidas dirigidas a limitar la compra por parte de fondos de inversión, regulación del alquiler de temporada y la obligación de que los pisos turísticos tributen bajo el régimen de actividad comercial.
Tramitación parlamentaria en la Diputación Permanente
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Diputación Permanente dispondrá de un plazo de 30 días para evaluar, debatir y convalidar o derogar ambos reales decretos ley.
Al haberse disuelto las Cortes Generales, este órgano asume transitoriamente las competencias del Pleno del Congreso para garantizar el funcionamiento institucional.
La composición de la Diputación Permanente incluye a 69 integrantes distribuidos de forma proporcional entre las fuerzas políticas: 27 del Partido Popular, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, y un representante de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto (Podemos), bajo la presidencia de Francina Armengol.
Con información AS


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