El Ejecutivo venezolano solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ para despenalizar las conductas contempladas en la norma, vigente desde 2017. El anuncio plantea revisar un marco legal sancionatorio que ha sido cuestionado por organizaciones civiles debido a la severidad de sus penas y su impacto en la disidencia y los medios de comunicación.
Promulgada originalmente para sancionar la discriminación con penas de hasta 20 años de cárcel, la legislación fue señalada por defensores de derechos humanos de servir como un mecanismo para restringir la libertad de expresión, clausurar medios digitales y procesar judicialmente a opositores, activistas y usuarios de redes sociales por sus publicaciones.
Según informó la agencia EFE, la solicitud fue cursada mediante una comunicación enviada por Delcy Rodríguez al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
En el documento remitido a la Cámara Baja, el Gobierno planteó la urgencia de "avanzar" en la flexibilización de los tipos penales, argumentando que la revisión busca transformar el sistema de justicia e incentivar la convivencia política institucional.
El texto legal fue promulgado originalmente en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, tras una solicitud efectuada por Nicolás Maduro en el contexto de las manifestaciones ocurridas en aquel periodo.
Durante su vigencia, plataformas de derechos humanos como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder", documentaron el uso sistemático del articulado para procesar judicialmente a ciudadanos por verter opiniones críticas en plataformas digitales
La iniciativa de reforma coincide con declaraciones previas de la directiva parlamentaria, que a principios de año admitió la existencia de aplicaciones inadecuadas en la ejecución de las sanciones.
El anuncio legislativo se produce en paralelo a una jornada de protestas ciudadanas registradas en diversos estados del territorio venezolano.
De acuerdo con informaciones difundidas por EFE, organizaciones sindicales y familiares de personas detenidas encabezaron movilizaciones para exigir mejoras en las condiciones salariales, respuesta a las fallas en los servicios públicos, fijación del calendario electoral y la liberación de los calificados como presos políticos.
Las concentraciones provocaron interrupciones en vías de circulación estratégicas, como el viaducto sobre el Lago de Maracaibo en el estado Zulia, además de réplicas en entidades del sur, centro y oriente del país como Bolívar, Lara, Carabobo y Monagas.
En la capital, manifestantes marcharon hacia la sede de la Magistratura para consignar peticiones de auditoría judicial contra funcionarios sospechosos de incurrir en retardo procesal.
La propuesta de modificación requerirá el debate en el pleno del Poder Legislativo para definir el alcance exacto de las despenalizaciones y los artículos a modificar dentro del texto normativo.
El análisis de la propuesta por parte de las bancadas parlamentarias determinará si la revisión responde a una transformación estructural del código penal o a un ajuste operativo en la administración de justicia en Venezuela.
Con información de EFE
