La UCO solicita bloquear en Portugal cuentas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'

​La investigación judicial sobre la presunta red de fraude fiscal en el sector petrolero ha sumado un nuevo hito procesal de alcance internacional. Según recoge El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que solicita el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas a empresas domiciliadas en Portugal propiedad de Víctor de Aldama y de su socio empresarial Claudio Rivas.

​Operatoria financiera y empresas involucradas en territorio portugués

​El informe elaborado por los agentes del cuerpo policial identifica un entramado de sociedades mercantiles utilizadas presuntamente como receptoras de los fondos generados por el fraude tributario en España.

Entre las firmas señaladas pertenecientes a Aldama destacan Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada y Cuboflamejante. Los rastreos de los investigadores constataron que solo la primera de estas sociedades recibió transferencias por millones de euros procedentes de distribuidoras españolas como Salamanca Fuel Center, Canary Island Fuel Company y Casmar Hidrocarburos.

​Por su parte, la representación societaria ligada a Claudio Rivas tiene como eje a la firma EF Iber Combustiveis, la cual canalizó cuantiosas sumas enviadas desde la matriz Still Growing y la firma Villafuel, considerada la pieza central de la trama.

El análisis forense de la contabilidad reveló que, mientras desde España se registraron salidas hacia cuentas lusas por más de 36 millones de euros, los extractos en Portugal reflejaron ingresos superiores a los 50 millones, evidenciando una brecha de origen aún no determinado por los peritos judiciales.

​Canales de blanqueo, criptomonedas y desvíos internacionales

​El rastreo de los movimientos financieros en el extranjero permitió a los investigadores de la UCO detectar diversificadas modalidades de ocultación de los recursos ilícitos.

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A través del examen de las cuentas habilitadas en instituciones bancarias portuguesas, la policía judicial identificó sistemáticos retornos de capital hacia sociedades españolas, operaciones de compra de activos digitales en criptomonedas y transferencias internacionales directas dirigidas hacia destinos de riesgo como China.

​Mediante la ejecución de múltiples órdenes europeas de investigación, las autoridades calcularon que el volumen total de dinero desviado hacia el sistema financiero luso asciende a 78.318.349 euros.

La hipótesis policial sostiene que el entramado utilizó a Villafuel para simular la transmisión ficticia de operaciones comerciales a siete empresas interpuestas, logrando eludir el pago de tributos obligatorios y distorsionando la competencia en la red de estaciones de servicio del mercado ibérico.

​Magnitud del fraude y alcance del expediente en la Audiencia Nacional

​La causa judicial instruida en la Audiencia Nacional persigue la desarticulación de una supuesta organización criminal que operaba en el mercado mayorista de productos petrolíferos entre los años 2022 y 2024.

Los delitos imputados a los principales directivos abarcan pertenencia a organización criminal, defraudación a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, con un perjuicio económico global que los análisis preliminares cifran en más de 200 millones.

​La petición de inmovilización cautelar de los activos en Portugal busca evitar la evaporación de los fondos depositados en el exterior mientras avanzan las actuaciones dirigidas por el juzgado central de instrucción. 

Con información de El Confidencial