La escalada bélica en Oriente Medio suma un nuevo capítulo de gravedad institucional e internacional. Según reporta
Al mismo tiempo, el organismo multilateral atribuye al régimen de Teherán la comisión de crímenes de lesa humanidad por la brutal campaña de represión emprendida contra las manifestaciones civiles previas a las hostilidades militares.
El documento oficial, elaborado para ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detalla las acciones militares estadounidenses ocurridas el pasado 28 de febrero.
El informe responsabiliza a Washington por el bombardeo perpetrado contra una escuela en la localidad sureña de Minab, una incursión que dejó un saldo trágico de más de 150 víctimas mortales, entre las que se contabilizan al menos 120 menores de edad.
Los investigadores internacionales afirman que las tropas norteamericanas «cometieron el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado», actuando con una «imprudencia temeraria» y siendo plenamente conscientes del impacto mortífero sobre la población civil.
Un segundo episodio denunciado por el organismo internacional tuvo lugar en la zona residencial de Lamerd. En dicho operativo, las fuerzas estadounidenses emplearon un misil PrSM diseñado para dispersar alrededor de 180.000 fragmentos de tungsteno.
La explosión afectó a un centro deportivo, un colegio de educación primaria y varias viviendas familiares, provocando la muerte de 22 personas. La misión técnica enfatizó que el despliegue de esta tecnología en áreas altamente pobladas contravino de forma explícita el derecho internacional humanitario, al ser imposible dirigir el impacto de forma exclusiva contra un objetivo militar de carácter específico.
En lo relativo al gobierno iraní, el informe de 18 páginas determina que las violaciones sistemáticas ejercidas por los organismos de seguridad configuran delitos de asesinato, tortura, encarcelamiento arbitrario y otros actos inhumanos.
Durante las movilizaciones registradas entre finales de 2025 y principios de 2026, las fuerzas estatales emplearon fuerza letal de manera generalizada, dejando un balance de por lo menos 221 niños fallecidos.
La misión denunció además que los efectivos de seguridad irrumpieron en centros hospitalarios para hostigar a pacientes y personal médico, al tiempo que impidieron el traslado de heridos graves a servicios de urgencia.
Las estimaciones sobre el impacto total de la violencia estatal varían considerablemente según las fuentes consultadas. Mientras el gobierno de Teherán admite 3.117 fallecidos durante las jornadas del 8 y 9 de enero, organizaciones independientes de derechos humanos como HRANA calculan que las cifras reales superan las 7.000 víctimas mortales.
A este panorama se suma el uso intensivo de la pena capital: al menos 29 manifestantes fueron ejecutados tras juicios sumarios entre marzo y agosto, mientras que otras 70 personas permanecen condenadas a muerte.
Las conclusiones del órgano evaluador subrayan que los ciudadanos iraníes se encuentran atrapados en un escenario devastador, expuestos simultáneamente a los abusos cometidos por su propio gobierno y a las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel.
Ante la gravedad de los hallazgos presentados, la misión de la ONU exigió a las partes involucradas la cesación inmediata de los abusos, la articulación de garantías reales de no repetición y la entrega de reparaciones integrales para las víctimas afectadas por este choque geopolítico.
Con información de EFE
