La adopción generalizada de las gafas inteligentes desarrolladas por Meta continúa generando fuertes resistencias normativas e institucionales dentro del Reino Unido. Las autoridades judiciales británicas han tomado la determinación formal de restringir la presencia y el uso de este tipo de dispositivos de tecnología wearable en el ámbito del sistema legal.
De acuerdo con las disposiciones emitidas por el Servicio de Tribunales de Su Majestad (HMCTS), estos aparatos electrónicos serán retenidos y requisados de forma preventiva en los controles de seguridad situados en los accesos de cualquier juzgado o tribunal ubicado en los territorios de Inglaterra y Gales.
Esta regulación convierte al estamento judicial en un nuevo escenario institucional que veta la tecnología portátil desarrollada por el gigante tecnológico estadounidense, sumándose así a una serie de restricciones de carácter privado aplicadas previamente en establecimientos de hostelería, salas teatrales y locales nocturnos.
Las severas limitaciones impuestas por los organismos británicos se alinean de forma directa con políticas de control similares que han comenzado a ser implementadas en otras metrópolis internacionales, tales como la ciudad de Nueva York.
En dicha urbe estadounidense, diversos comercios y espacios de acceso público han empezado a adoptar marcos normativos de tolerancia cero hacia este tipo de equipamiento equipado con lentes de grabación y conectividad continua.
El argumento central expuesto por las autoridades jurídicas para justificar la prohibición radica en la capacidad técnica que poseen las gafas para registrar fotografías y vídeos en tiempo real de forma sumamente discreta.
La legislación procesal vigente dentro del territorio británico prohíbe expresamente la captura no autorizada de imágenes o la realización de transmisiones audiovisuales dentro de las dependencias judiciales sin contar con un permiso previo expedido por un juez.
A diferencia de lo que sucede con un teléfono inteligente convencional —cuya utilización ilícita en una sala resulta fácilmente detectable para los agentes de custodia—, la estructura montada en el rostro de un individuo dificulta la supervisión sobre si el aparato está ejecutando un registro en vivo.
Esta particularidad técnica genera una gran inquietud entre los administradores de justicia debido al riesgo de que testigos, magistrados o integrantes del jurado sean grabados de forma encubierta, vulnerando directamente su derecho a la privacidad y comprometiendo el desarrollo equitativo de las causas penales y civiles.
Para mitigar los riesgos de captura clandestina, las gafas incorporan una luz LED frontal que se ilumina durante la grabación. Sin embargo, diversos usuarios lograron vulnerar este mecanismo tapando el indicador luminoso.
Ante dicha brecha de seguridad, Meta distribuyó un parche de software para bloquear la cámara cuando la luz permanezca cubierta, pero el organismo judicial británico dictaminó que esas modificaciones técnicas no otorgan garantías suficientes para salvaguardar el cumplimiento de la ley dentro de los recintos de justicia del país.
Con información de Marca
