Junts per Catalunya ha solicitado formalmente a RTVE la eliminación de la parrilla del programa informativo La gran aventura de la lengua española, emitido por el canal La 2.
La formación política argumenta que el contenido del espacio tergiverse los acontecimientos históricos al negar la obligatoriedad de la lengua castellana en las comunidades americanas durante la época colonial.
Miquel Calçada, consejero de la corporación pública en representación del partido, comunicó esta exigencia directamente al presidente del organismo, José Pablo López.
De forma paralela a las gestiones en el consejo de administración, el senador Francesc Ten registró una serie de preguntas por escrito dirigidas a la presidencia del medio estatal.
Mediante esta iniciativa parlamentaria, Junts cuestiona abiertamente si los datos expuestos cumplen con las normativas de rigor, pluralidad y objetividad que rigen el funcionamiento de la radiotelevisión pública de España.
El partido busca determinar bajo qué lineamientos de control académico se supervisan las producciones históricas financiadas con fondos públicos.
La discusión se originó a partir de una sección del programa donde se sostiene que la administración de la Corona española no obligó a los pueblos originarios a aprender el idioma castellano.
El guion de la producción audiovisual asegura que el uso de la lengua oficial nunca se decretó de manera obligatoria en los diferentes virreinatos y capitanías del Nuevo Mundo.
Además, el espacio televisivo califica el proceso como una de las labores de preservación y catalogación de lenguas nativas más relevantes en el ámbito de las colonizaciones globales.
Ante estas declaraciones, el grupo parlamentario catalán solicita que el Gobierno aclare su postura sobre las afirmaciones vertidas en el canal público. El documento presentado en las Cortes Generales pide detallar los procesos de validación documental que emplea la cadena antes de validar sus emisiones informativas.
La formación política considera imprescindible que el medio asuma responsabilidades institucionales y evalúe la introducción de modificaciones o rectificaciones públicas en la plataforma de difusión para contextualizar de forma correcta el fenómeno de minorización lingüística.
La implantación idiomática en los territorios de ultramar se desarrolló mediante normativas que variaron con el paso de los siglos. Durante las primeras etapas del Virreinato, las órdenes religiosas priorizaron el aprendizaje de los idiomas nativos para agilizar las labores de evangelización en las comunidades indígenas.
Sin embargo, este escenario cambió radicalmente a partir del año 1770 con la proclamación de la Real Cédula del monarca Carlos III de España, documento legal que ordenó la unificación idiomática absoluta para asegurar el control político y administrativo de las colonias.
Para Junts, el tratamiento que la corporación pública otorgó a este proceso histórico carece de un marco neutral y ofrece una visión sesgada a la audiencia. Por este motivo, el partido mantiene la presión institucional para que se revise el manual de estilo y los convenios de colaboración de los espacios de divulgación histórica, con el objetivo de reflejar los debates actuales de la comunidad académica especializada.
Con información de El Nacional.cat
