
La trama habría ofrecido 50.000 euros para falsear testimonios sobre Ferraz

El Juzgado Central de la Audiencia Nacional ha incorporado nuevos indicios sobre las operaciones de la red investigada por intentar interferir en causas judiciales vinculadas al entorno del partido del Gobierno, PSOE. Según recoge el auto dictado por el magistrado Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso La Sexta, los integrantes del entramado habrían ofrecido una contraprestación económica de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano.
De acuerdo con el auto, el propósito de este pago ilícito era conseguir que la testigo "modificara o condicionara sus declaraciones" previas ante las autoridades competentes en relación con el transporte de fondos en metálico hacia Ferraz.
La línea de investigación se abrió a raíz de las comparecencias iniciales de la afectada en dependencias policiales, donde admitió haber movilizado un montante de 90.000 euros en metálico hacia las oficinas de la madrileña calle Ferraz.
De acuerdo con la información publicada, Ismael Oliver se comunicó con Leire Díez para aconsejarle una negociación urgente con la empresaria ante la perspectiva de una nueva citación judicial.
Las transcripciones reflejadas muestran la autorización expresa para proceder a la gestión mediante expresiones que aludían de forma explícita a la adquisición del silencio de la declarante, una transacción que presuntamente se canalizó a través de la intermediaria Leticia de la Hoz Calvo.
"Es importante y, si queréis, lo negocio yo", dijo Oliver a Díez, que contestó: "Negócialo. Si puedes, hazlo".
"Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como "negociación", evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su "compra": "Esta se vende. Debemos saber comprar", se detalla en el auto, según recoge La Sexta.
Entregas en bolsas de dinero
La implicada ratificó con posterioridad ante las instancias del Tribunal Supremo el trasfondo de las operativas financieras, enmarcadas en los acuerdos logísticos entre el empresario Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Su testimonio detalla la entrega de dos partidas consecutivas de 45.000 euros cada una en billetes de curso legal.
El desglose de la operativa logística incluye la comparecencia del conductor Álvaro Gallego, quien corroboró ante el alto tribunal el traslado automovilístico de la empresaria hacia las inmediaciones de la sede del partido transportando bolsas donde eran visibles los fajos de dinero ocultos en dobles envoltorios de cartón y plástico.
Las pesquisas de la policía judicial vinculan el origen temporal de esta estructura paralela con las reuniones mantenidas por dirigentes políticos durante los días en los que la presidencia del Ejecutivo central abrió un período de consulta pública tras las diligencias iniciales abiertas contra su entorno familiar.
De forma específica, la Audiencia Nacional ubica una reunión clave el 26 de abril de 2024 en la que participaron el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, junto a Leire Díez, comunicadores y empresarios para coordinar el flujo de datos sensibles.
Los informes finales de los especialistas en delincuencia económica determinan que la red ejecutó acciones coordinadas de manera sistemática y continua en el tiempo.
Con información de La Sexta






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