El Tribunal Supremo ha determinado por unanimidad que un tercero tiene la facultad de impugnar ante la justicia la aprobación de la eutanasia de otra persona. Para que esta reclamación sea admitida, el tribunal exige que exista una relación o vinculación especialmente estrecha con el solicitante de la muerte asistida.
El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomó esta decisión con un respaldo de 23 votos a favor y 9 en contra, haciendo público el fallo este martes, mientras que el contenido completo de la sentencia se difundirá en los próximos días para fijar la jurisprudencia definitiva.
Con esta resolución, el alto tribunal desestima de forma directa el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. El Gobierno catalán pretendía anular un pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual ya había admitido el derecho de un padre a recurrir la eutanasia autorizada para su hijo, un adulto con plenas capacidades.
Este proceso judicial específico corresponde al caso de un ciudadano de 55 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña le había concedido la prestación debido al padecimiento de secuelas severas en el habla y en la movilidad provocadas por varios ictus e infartos. Su progenitor consiguió paralizar el tratamiento mediante la vía legal.
El fallo judicial especifica de manera clara que la autorización para recurrir se restringe únicamente a los individuos que mantengan un lazo afectivo intenso y directo con el paciente.
Esta redacción concreta busca evitar que organizaciones o colectivos provida utilicen los juzgados para frenar de forma masiva los procesos de muerte asistida ya aprobados por las comisiones sanitarias.
El Ministerio Fiscal ya se había pronunciado en la misma dirección, rechazando la intervención de estas entidades y condicionando la participación familiar a la existencia demostrable de un nexo emocional real, más allá del simple parentesco biológico.
La situación del solicitante catalán muestra la complejidad de estos escenarios, ya que en las fases iniciales un juzgado de Barcelona rechazó el recurso del padre argumentando que el hijo vivía de forma independiente, mantenía una mala relación familiar y poseía autonomía plena.
Además, los informes médicos iniciales descartaban cualquier tipo de patología psicológica que afectara su libertad de elección.
Este debate en los tribunales coincide en el tiempo con otros casos similares de gran repercusión pública en España, como el de una joven con paraplejía a quien se le aplicó la eutanasia el pasado mes de marzo tras un largo litigio judicial promovido también por su progenitor.
En el caso inicial del paciente catalán, el padre centró su estrategia de defensa en la obligación legal que tiene el Estado de proteger la vida por encima de otras consideraciones.
El hombre argumentaba que su hijo se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad personal y médica al tramitar la solicitud de muerte asistida sin informar a sus familiares.
Tras la negativa del juzgado de primera instancia, el caso escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya decisión de otorgar validez al recurso del padre ha sido refrendada ahora por la máxima instancia judicial del país.
Con información de El Confidencial
