La devastación económica provocada por la invasión rusa ha transformado a Ucrania en el epicentro europeo de la gestación subrogada comercial, un sector que vuelve a registrar niveles previos al conflicto armado.
Para jóvenes como Karina Tarasenko, de 22 años y desplazada de la destruida Bajmut, la decisión de convertirse en madre de alquiler no fue una opción vocacional, sino una salida extrema ante la indigencia y la inflación.
"Voy a tener tantos bebés como mi cuerpo aguante", afirma la joven a la BBC tras aceptar gestar la hija de una pareja residente en China a cambio de unos 17.000 dólares. Esta realidad expone cómo la vulnerabilidad social extrema actúa como el principal motor de captación para las clínicas reproductivas del país.
El entramado legal ucraniano permitía, antes de las hostilidades, que el país se posicionara como el segundo proveedor global de este servicio, superado únicamente por Estados Unidos. A pesar del peligro de los bombardeos en zonas como Kyiv, la demanda internacional no ha decaído, atrayendo a clientes de todo el mundo debido a unos costes sustancialmente inferiores a los del mercado americano.
Sin embargo, el Parlamento de Ucrania debate en la actualidad una propuesta legislativa con un sólido consenso político que busca prohibir el acceso de ciudadanos extranjeros a estos procedimientos, quienes representan el 95% de los contratos vigentes en las agencias nacionales.
La reforma legislativa en curso pretende poner freno a las acusaciones de mercantilización reproductiva y explotación de mujeres sin recursos en el este de Europa.
Activistas por los derechos humanos, como María Dmytrieva, exigen la ilegalización total del sector y denuncian campañas publicitarias que consideran agresivas, donde se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para interpelar de forma directa a madres que no pueden costear calefacción o ropa para sus hijos.
La polémica salpica de forma recurrente a BioTexCom, el mayor centro de reproducción humana del país, cuyo director ejecutivo, Albert Tochilovsky, llegó a afrontar investigaciones de la fiscalía por presunto tráfico de personas.
El reverso más dramático de la falta de una regulación estricta se evidencia en los casos de desamparo infantil transfronterizo. Un ejemplo es Wei, un niño de cinco años con graves lesiones neurológicas irreversibles tras un nacimiento prematuro, cuyos progenitores biológicos, de origen asiático, decidieron no reclamar al conocer su condición médica.
Dado que la legislación ucraniana exime a las gestantes de obligaciones paternas con embriones ajenos, el menor permanece tutelado en un centro estatal para menores con discapacidad en Kyiv, evidenciando los vacíos legales en la exigencia de responsabilidades civiles entre fronteras internacionales.
Esta coyuntura coincide con las directrices de la Unión Europea y las recientes resoluciones del Parlamento Europeo, que instan a los Estados miembros a endurecer las normativas contra la explotación reproductiva comercial y el tráfico de menores, presionando a los países candidatos a armonizar sus leyes con los estándares éticos comunitarios.
En contraposición, parejas procedentes de países con restricciones severas, como el Reino Unido donde solo se permite la subrogación altruista y sin garantías filiales inmediatas, defienden la legitimidad de esta práctica comercial.
Clientes británicos como Himatraj y Rajvir Bajwa, quienes abonaron cerca de 87.770 dólares por su proceso en Kyiv, sostienen que la transacción constituye una oportunidad económica lícita y voluntaria para las mujeres locales.
No obstante, mientras la pugna política se intensifica en el Parlamento, gestantes como Karina continúan defendiendo la soberanía sobre sus cuerpos como el único recurso financiero viable para adquirir una vivienda propia en una Ucrania sumida en la incertidumbre.
Con información de BBC Mundo
