La investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de material sanitario durante los meses más críticos de la pandemia ha dado un giro contable definitivo. Un reciente informe de la Agencia Tributaria, ya en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, cifra en 2,4 millones de euros el fraude fiscal cometido por el empresario Víctor de Aldama durante el ejercicio 2020.
El documento vincula este desvío directamente al denominado «negocio de las mascarillas», en el que la mercantil Soluciones de Gestión obtuvo millonarios contratos públicos bajo sospecha de amaño.
El informe técnico pone el foco en la ingeniería financiera empleada por Aldama y su socio, el empresario Juan Carlos Cueto. Según la tesis de los investigadores de Hacienda, el comisionista utilizó de manera «artificiosa» dos sociedades interpuestas —Deluxe Fortune y MTM 180 Capital— para facturar servicios personales.
Esta operativa dolosa le habría permitido obtener un ahorro fiscal ilícito al canalizar los beneficios a través del Impuesto sobre Sociedades en lugar de tributar por el IRPF. No obstante, la cuota exigible final se ha ajustado a 1,6 millones de euros tras deducir las cantidades que ya habían sido ingresadas por dichas mercantiles.
En paralelo a la instrucción que lidera Moreno, la presión judicial se intensifica en el Tribunal Supremo, donde estos días se juzga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. La Fiscalía sostiene que Aldama fue una pieza «esencial» para la consecución de los contratos gracias a su «proximidad y contactos con el sector público».
Mientras tanto, Juan Carlos Cueto es señalado como el cerebro en la sombra que ejercía el control efectivo de Soluciones de Gestión, facilitando la dirección del negocio a pesar de no figurar formalmente como administrador de la sociedad.
Hacienda no solo apunta a las personas físicas, sino que observa indicios de delito en la propia empresa Soluciones de Gestión. Se estima que la mercantil pudo defraudar 200.000 euros adicionales en el Impuesto de Sociedades de 2020 mediante maniobras para minorar la cuota a ingresar.
Los investigadores subrayan que, aunque en el proceso participaron numerosos intermediarios, la mayor parte de los beneficios terminaron «residiendo» en las empresas controladas por Aldama y Cueto, quienes aplicaron mecanismos defraudatorios para reducir drásticamente su carga impositiva en pleno estado de alarma.
La fiscalización de los fondos públicos empleados durante la emergencia sanitaria se ha convertido en una prioridad para la Agencia Tributaria, que busca depurar responsabilidades sobre el aprovechamiento privado de recursos estatales en momentos de vulnerabilidad nacional.
El papel de Juan Carlos Cueto, quien comparece como testigo, resulta fundamental para desentrañar la red. La Guardia Civil cree que Cueto utilizó el Grupo Cueto para dar soporte logístico a la operativa, mientras Aldama explotaba su influencia política.
El informe concluye que ambos empresarios emplearon una estructura diseñada para ocultar la verdadera naturaleza de sus ingresos, transformando las «mordidas» de los contratos públicos en beneficios empresariales aparentemente lícitos para eludir la vigilancia de las autoridades fiscales españolas.
Con información de EFE
