El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en su hoja de ruta educativa con la aprobación en segunda vuelta del proyecto de ley que regula las condiciones laborales del profesorado y el volumen de estudiantes por aula.
La norma, impulsada inicialmente por la exministra Pilar Alegría y consolidada por la actual titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, pretende unificar criterios nacionales para evitar disparidades territoriales y garantizar una atención más personalizada en los centros sostenidos con fondos públicos.
Bajo esta nueva regulación, el sistema educativo experimentará un cambio estructural en sus ratios. El proyecto contempla un límite de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria, lo que supone una rebaja significativa frente a los topes actuales de 25 y 30 alumnos, respectivamente.
Además, se introduce una medida de calado social: el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como doble plaza, una decisión técnica que obliga a la administración a dotar de más recursos a cada unidad escolar.
La reforma no se limita al espacio del aula, sino que profundiza en la salud laboral de los maestros y profesores. El Ministerio ha fijado un techo legal de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que para Secundaria y Bachillerato el tope se establece en 18 horas.
Esta homogeneización busca, según Tolón, cumplir con la promesa de que esta sea "la legislatura del profesorado", vinculando directamente la mejora de las condiciones laborales con la excelencia del rendimiento académico del alumnado.
En cuanto a los tiempos de ejecución, la norma plantea un despliegue progresivo. Las nuevas ratios comenzarían su implantación en el curso 2027-2028 para Infantil y Primaria, extendiéndose a Secundaria en 2028 y Bachillerato en 2029, con el objetivo de alcanzar la plena aplicación en el periodo 2031-2032.
Sin embargo, las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular ya han manifestado su inquietud, solicitando una moratoria ante el desafío organizativo y financiero que supone la ampliación de plantillas y espacios.
Esta ley surge en un momento de intenso debate sobre la equidad educativa en España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en repetidas ocasiones que el éxito escolar depende en gran medida de la capacidad de los docentes para gestionar grupos diversos, algo que se ve comprometido con las ratios actuales.
Al blindar estas cifras por ley, el Gobierno busca proteger el sistema ante futuros recortes presupuestarios que pudieran revertir estos avances.
Pese al consenso alcanzado con los sindicatos y el voto unánime del Consejo Escolar del Estado, la tramitación parlamentaria se presenta compleja. Grupos políticos y asociaciones de la comunidad educativa han adelantado que presentarán enmiendas para que estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica también cuenten como doble plaza.
Además, el Consejo Escolar ha reclamado que la reducción de jornada se extienda de forma efectiva a la enseñanza concertada, un fleco que promete marcar el debate en el Congreso y el Senado antes de la aprobación definitiva de la norma.
Con información de EFE
