El tablero político en Venezuela ha registrado este miércoles un movimiento sísmico en sus instituciones de control. Tarek William Saab, quien fuera el titular del Ministerio Público desde 2017, ha presentado su renuncia formal ante la Asamblea Nacional.
Sin embargo, su salida de la Fiscalía no supone un alejamiento del poder, sino un cambio estratégico: Saab ha sido designado de inmediato como Defensor del Pueblo encargado, sustituyendo a Alfredo José Ruiz Angulo, quien también dimitió alegando complicaciones de salud y motivos personales.
La lectura de las cartas de renuncia fue realizada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
En su misiva, Saab defendió su gestión asegurando haber cumplido con "hidalguía y honor" en una etapa marcada por lo que denominó "agresiones inimaginables" contra la nación.
Durante su mandato de casi una década, Saab fue el rostro de investigaciones de alto perfil y detenciones de figuras opositoras, acciones que siempre justificó bajo la premisa de preservar la paz constitucional y sancionar las violaciones a la ley.
Para llenar la vacante en la Fiscalía General de forma interina, el legislativo ha nombrado a Larry Daniel Devoe Márquez.
El abogado, que hasta la fecha se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, asume las riendas de un ente cuestionado internacionalmente.
Mientras tanto, una comisión especial de 13 diputados tendrá un plazo de 30 días para evaluar nuevas postulaciones y definir quiénes ocuparán de forma definitiva la titularidad tanto de la Fiscalía como de la Defensoría del Pueblo.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó la nueva designación de Saab como una "bofetada a las víctimas".
La organización sostiene que el ex fiscal general jugó un papel determinante en la persecución sistemática de la disidencia.
Según Goebertus, una verdadera reforma en el sistema judicial venezolano requeriría un fiscal independiente que se comprometa con la liberación y amnistía de los presos políticos, un paso que consideran lejano con los actuales nombramientos.
Este reordenamiento institucional se enmarca en un período de transición forzada en Caracas. Tras el operativo militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro —acusado de narcoterrorismo y tráfico de armas—, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada.
Bajo su mando interino, se ha iniciado una purga en carteras clave como Defensa y Comunicación, desplazando incluso a figuras del círculo íntimo del anterior mandatario, como el empresario Alex Saab.
La transición en Venezuela atraviesa un delicado equilibrio entre la continuidad del aparato chavista y la búsqueda de una legitimidad que permita la cooperación con Washington.
Mientras el oficialismo se reconfigura para sobrevivir al vacío dejado por Maduro, la comunidad internacional observa si estos cambios de nombres en el poder judicial y ciudadano significarán un giro hacia el respeto de las garantías democráticas o si son meros ajustes de piezas.
Con información de CNN
