En la última edición del "EU Justice Scoreboard", un informe comunitario dedicado a medir el desempeño de los sistemas judiciales de los distintos países miembros de la Unión Europea, España queda muy mal parada en algunos de sus indicadores de referencia, reflejando un problema de eficiencia y celeridad en la resolución de litigios, así como una evidente crisis de confianza en los tribunales por parte de empresas y ciudadanos.
El informe pone de manifiesto que España es uno de los países donde más se prolonga la espera para resolver disputas civiles, mercantiles o administrativas en primera instancia, con una demora media que ronda los 300 días y que solamente es más acusada en el caso de Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre y Portugal.
Si el cálculo se amplía para tomar en cuenta los posibles recursos que puedan dar pie a un segundo y tercer procedimiento judicial, encontramos que España es el cuarto país con peores resultados de Europa, solamente superado por Grecia, Italia y Chipre. La demora conjunta de un escenario así supera los 600 días de espera.
Asimismo, el informe divulgado por la Comisión Europea también ubica a España como el sexto país de la UE con peor resultado en cuanto a la percepción ciudadana y la confianza en el sistema de justicia. Apenas un 35% de los españoles consideran "muy bueno" o "bueno" el grado de independencia de los tribunales, en contraste con las cotas de más del 70% que se dan en otros países de la Unión.
Por su parte, el aspecto más criticado por las empresas españolas encuestadas para el dicho informe es el referido a la interferencia política en el sistema judicial, lo que ubica a España en el quinto lugar de países de la Unión Europea donde más personas suscriben esta preocupación, con una tasa que ronda el 45%.
El informe también señala que la preocupación manifestada por empresas españolas es especialmente alta en lo relacionado a la protección y seguridad jurídica de sus inversiones. En este campo, solamente Eslovaquia y Grecia obtienen resultados peores que España.
Los empresarios de España lamentan "conductas impredecibles y no transparentes por parte de la Administración, que de hecho se suman a la dificultad de litigar sobre estas cuestiones ante los tribunales", "cambios frecuentes en la legislación y preocupaciones sobre la calidad del proceso legislativo", "dificultad para obtener una compensación justa que proteja la propiedad privada cuando se demuestra que las cosas se han hecho mal" y "problemas para defender los derechos de la empresa ante los tribunales debido a las carencias del sistema judicial en términos de calidad, eficiencia e independencia".
Con información de Libre Mercado
