Inmigrantes de escasos recursos en Estados Unidos se quedaron sin ayuda legal y por ende «más vulnerables» a las deportaciones tras la orden del presidente Donald Trump de cancelar fondos para los grupos civiles y humanitarios que asesoran a estos extranjeros en los centros de detención y las cortes de inmigración.
Se trata de «un ataque total contra los migrantes; tanto en contra de los que están llegando a la frontera, como aquellos que ya viven aquí», dijo a EFE Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
Asimismo, una de las medidas del Departamento de Justicia, limita drásticamente la asesoría legal gratuita que los migrantes tendrán tanto en cortes de migración como en centros de detención, una vez que enfrentan un proceso migratorio.
La Administración Trump emitió una orden para detener todos los contratos de servicios legales incluyendo el Programa de Orientación Legal (LOP, en inglés), lo que pone en alto riesgo a los migrantes que se encuentran en centros de detención.
El Proyecto Florence, una organización sin fines de lucro que desde 1989 proporciona servicios legales a migrantes dentro de centros de detención y cortes en Arizona, subrayó que esta interrupción de servicios es ahora más esencial en medio de las redadas masivas del nuevo Gobierno.
«La ley de migración no otorga el derecho a los migrantes de tener un defensor público, como en las cortes criminales, por lo que la gran mayoría no cuenta con un abogado que los represente, por lo que deben representarse ellos mismos en un sistema que desconocen», explicó John.
Subrayó que por más de tres décadas, el Proyecto Florence ha trabajado por defender los derechos de los migrantes.
Sus abogados visitan los centros de detención en Arizona dando presentaciones gratuitas a los migrantes sobre sus derechos constitucionales en Estados Unidos y los pocos recursos que existen para evitar su deportación.
También los preparaban para su presentación ante un juez de migración y les explicaban los términos legales que con más frecuencia utilizan las cortes.
«Al emitir esta orden la Administración Trump ha quitado esta modesta, pero importantísima ayuda para que los migrantes conozcan sus derechos y opciones», dijo la activista.
La gran mayoría de los migrantes no cuentan con los recursos monetarios para pagar los costosos servicios legales de un abogado de inmigración en Estados Unidos.
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