El pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó este viernes una ordenanza municipal que prohíbe el uso de prendas que cubran completamente el rostro en los espacios públicos de la ciudad, medida que afecta al burka y al niqab.
Según recoge
La votación de la iniciativa legislativa generó una alianza parlamentaria poco habitual en el consistorio catalán. La moción salió adelante gracias a los votos favorables de los concejales del PSC-Units —formación a cargo del gobierno municipal—, Junts y Vox.
En contraposición, las representaciones del Partido Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Comú de Lleida manifestaron su rechazo a la modificación de las normas de convivencia local.
Aunque la redacción final de la norma no menciona explícitamente vestimentas religiosas concretas, establece la restricción genérica para cualquier indumentaria o accesorio que «oculte totalmente el rostro» a los transeúntes en la vía pública.
La ordenanza incluye excepciones operativas y no resultará aplicable en recintos de culto religioso ni en aquellos entornos donde el uso de coberturas faciales responda a costumbres sociales aceptadas o al ejercicio regulado de derechos fundamentales.
El municipio ilerdense cuenta con precedentes sobre esta materia. En febrero de 2013, el Tribunal Supremo de España anuló definitivamente un reglamento municipal similar aprobado años atrás en la misma localidad para vedar el velo integral en dependencias públicas.
En dicho fallo, el alto tribunal determinó que una administración local carece de competencias constitucionales para limitar la libertad religiosa de la ciudadanía mediante bandos o reglamentos de carácter municipal.
El debate competencial y legislativo trascendió de igual forma al ámbito estatal en meses recientes. El Congreso de los Diputados rechazó en febrero una proposición de ley impulsada por Vox y secundada por el PP con la intención de prohibir el burka, al tiempo que Junts registró su propia iniciativa parlamentaria.
Con la entrada en vigor de las multas de hasta 750 euros, el consistorio busca afianzar un marco normativo unificado para la identificación en el espacio público. No obstante, la medida reabre el debate jurídico sobre la viabilidad legal de las restricciones municipales a las vestimentas tradicionales en las vías de la comunidad autónoma.
Con información de RTVE
